El juez García-Castellón mete a Sánchez en un callejón sin salida

Después de que el juez Manuel García-Castellón haya desmontado la última enmienda a la Ley de Amnistía pactada por Junts y el PSOE al señalar en una resolución que las graves lesiones sufridas por dos policías en los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona, de los que se podría responsabilizar a Tsunami Democràtic por un delito de terrorismo, tendrían encaje en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -la única excepción a la norma con la que el presidente se ha garantizado su continuidad en la Moncloa-, la formación de Carles Puigdemont pretende ahora forzar al Gobierno a que no haya alusión alguna al terrorismo en la nueva ley, algo difícil -aunque con Pedro Sánchez todo es posible- después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijera para justificar su última cesión a los separatistas que la amnistía no incluiría a los delitos de terrorismo que supusieran una violación de los Derechos Humanos.

Cabe recordar que la enmienda reconoce como amnistiables los delitos de terrorismo, con la única excepción de que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos». Y eso es exactamente lo que ha hecho García-Castellón en su resolución: apuntar claramente a que los delitos de terrorismo imputables a Tsunami suponen una violación de los Derechos Humanos porque «el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley». García-Castellón sostiene que las graves lesiones que sufrieron estos agentes sean «incompatibles» con dicho convenio y, en consecuencia, deja sin efecto la última enmienda a la ley con la que Sánchez pretende seguir contando con el favor de la formación de Carles Puigdemont.

De modo que Sánchez tendrá que dar una nueva vuelta de tuerca a la ley y aceptar lo que propone Junts: que «no existe ninguna obligación conventual ni jurisprudencial que imponga excluir de una amnistía los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y los actos tipificados como delitos de terrorismo». Y, por ende, «no existe razón alguna para mantener tal exclusión». Que el presidente es una marioneta en manos de Puigdemont es una evidencia, por lo que no sería extraño que volviera a pasar por el aro.