Jueces financiados por Soros torpedean las reformas de Trump

Los intereses de Estados Unidos. Francia dice. Alemania veta. Gran Bretaña amenaza. Así se informa desde hace siglos de la actualidad internacional, y así se escribe desde siempre la Historia. Y no hay nada malo, y sí mucho útil, en ese uso de la metonimia siempre que se entienda que, estrictamente hablando, no se trata de los intereses de Estados Unidos, sino los de sus gobernantes; que Francia no dice nada, porque no es una persona, ni Alemania veta ni Gran Bretaña amenaza.

Hoy se hace especialmente evidente ese abuso cuando vemos a una parte esencial del entramado institucional ‘alzado en armas’ contra el gobierno de Donald Trump, que controla también, en teoría, el legislativo. Hemos comentado ya en estas páginas que la apuesta europea es, precisamente, no cortar con Washington, como aparenta ser el caso, sino con lo que consideran una molesta interrupción en América, la Administración Trump, y los demócratas estadounidenses no dejan de animarles en esta creencia.

En una reciente tribuna en Fox, el jurista y autor Jonathan Turley recuerda que en el Foro Mundial de Berlín, el mismo foro en el que el vicepresidente J.D. Vance pronunció su histórico discurso fulminando la batalla contra la libertad de expresión, no fueron europeos los únicos que condenaron las palabras del vicepresidente. Escribe Turley que “la presentadora de la CBS, Margaret Brennan, confrontó al secretario de Estado, Marco Rubio, para sugerir que el apoyo de Vance a la libertad de expresión era indignante porque se encontraba «en un país donde la libertad de expresión se utilizó como arma para perpetrar un genocidio».

La insólita sugerencia de Brennan de que la libertad de expresión contribuyó a los campos de exterminio fue amplificada por el representante Seth Moulton (demócrata por Massachusetts), quien acusó a Vance de usar «parte del mismo lenguaje que Hitler empleó para justificar el Holocausto».

Mientras, en Estados Unidos, una nube de jueces nombrados por Obama y  financiados por George Soros, se están dedicando a torpedear las reformas de Trump en una crisis institucional sin precedentes. Dos magistrados fallaron el pasado jueves contra la orden ejecutiva de Trump de retirar fondos federales a las instituciones de enseñanza que apliquen criterios DEI, es decir, que discriminen por razón de raza, sexo u orientación sexual.

Un día después, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly ha bloqueado la iniciativa del gobierno de exigir prueba de ciudadanía para entrar en el registro de votantes, devolviendo al país al estado de sospecha sobre la limpieza de los comicios que ha sido permanente desde, al menos, la victoria del propio Trump en 2016.

El segundo al mando en el gabinete presidencial, Stephen Miller, recurrió a su cuenta en X para denunciar lo que denomina, siguiendo a muchos indignados trumpistas, de “golpe judicial”, recordando que el 75% de los altos funcionarios en Washington que votaron por Kamala Harris reconocieron que no obedecerían aquellas órdenes del Ejecutivo con las que no estuvieran de acuerdo. Y eso es mucha gente.

El caos provocado por la errática política arancelaria de Trump, también contestada en los tribunales por una quincena de estados, y la aparente incapacidad para poner fin a una guerra, la de Ucrania, que presumió de cerrar en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca, están alimentando las esperanzas a ambos lados del Atlántico de que el trumpismo se suma en el caos o la irrelevancia.