Improvisación y chapuza del Gobierno

El plan energético del Gobierno es un conjunto de parches que vienen a completar las ocurrencias de no utilizar corbata o pensar qué se va a coger de la nevera antes de abrirla, para ahorrar energía minimizando el tiempo de apertura de la puerta del frigorífico. Si no fuese por lo dramática que puede llegar a ser la situación, llegarían a causar carcajadas dichas propuestas. Por otra parte, a este paso, con la política equivocada del Gobierno, los ciudadanos no van a tener que pensar qué van a coger de la nevera, porque no van a poder llenarla.

Ya hemos visto el fracaso del tope de precios, lo contraproducente de los nuevos impuestos, que pueden provocar restricciones de oferta y subida de precios, pero el Ejecutivo sigue con sus ocurrencias. Mientras el Gobierno sigue con sus parches, se niega a bajar más los impuestos -sólo rectificó tarde adoptando alguna medida propuesta meses antes por el PP, como la rebaja al impuesto de la electricidad-, se niega a solicitar a Bruselas la suspensión temporal de los impuestos energéticos o la bajada del IVA de los carburantes y se niega a deflactar el IRPF para ayudar a los ciudadanos, mientras incrementa la recaudación con dicha asfixia vía inflación. Eso hace que, con más gasto público y más impuestos, el Gobierno espolee la inflación y empobrezca más a los ciudadanos.

Ahora, con este paquete de medidas energéticas, no mejoran la situación, porque sigue siendo un conjunto de parches, que no conseguirán grandes ahorros y que van acompañados de aumentos de gasto -que presionan al alza los precios de los productos y servicios- y por aumento de impuestos como los de la semana pasada, que terminarán en alzas de precios.

Dicho plan pretende llegar hasta septiembre de 2023. Obliga a comercios y a empresas a instalar termómetros que midan la temperatura, para que no pongan el aire acondicionado o la calefacción si la temperatura está por debajo de 27 grados o por encima de 19 grados, respectivamente, con una semana para adaptarse desde la publicación del decreto. Si no, las multará. Esto es un despropósito que incrementará el coste de las empresas, además de ir contra la legislación de seguridad e higiene en el trabajo, motivo por el que el propio Gobierno ha tenido que matizar su propio plan, con la inseguridad que genera el decir que se aplicará de manera flexible, sin detallar qué consideran ellos que permite esa flexibilidad, quedando todo a la interpretación subjetiva de los correspondientes inspectores.

Obliga a comercios y a empresas a mantener cerradas puertas y ventanas mientras la calefacción o el aire estén encendidos (justo lo contrario de lo que impulsó con el coronavirus, cuya enfermedad continúa). Tienen hasta el 30 de septiembre para adaptar el cerrado automático de puertas, que supondrá un coste para las empresas.

Obliga a comercios y a empresas, también, a colocar carteles con las medidas adoptadas. Vuelve la propaganda de los carteles, como con el plan E, pero ahora a pequeña escala. Un coste más pequeño, pero es suma y sigue, como obliga a los comercios a apagar los escaparates después de las diez de la noche, que, aparte de ensombrecer a las ciudades, puede generar mucha inseguridad.

Del mismo modo, se obliga a comercios y empresas a revisar las calderas y sistemas de climatización si la última revisión es anterior a enero de 2021. Deben hacerlo antes del 1 de diciembre de 2022.

Todo ello, junto con la bonificación de los abonos de cercanías y trenes de media distancia y el 50% de algunos de alta velocidad (multiviajes de los servicios AVANT), constituyen las medidas impuestas por el Gobierno, que ha optado por medidas coercitivas en lugar de por recomendaciones y la elaboración de un plan que recogiese las características específicas de cada lugar y de cada actividad económica.

En definitiva, el Gobierno sigue sin bajar impuestos, sin deflactar el IRPF, sin apostar por el gas, sin alargar la vida útil de las nucleares, sin ralentizar la descarbonización, sin tener un plan energético de largo plazo, que es lo que nos permitiría bajar el precio de la energía -principal problema en España, no tanto el de suministro- y ganar en independencia energética. Por el contrario, el Gobierno sólo aplica parches, castigo a empresas y ciudadanos y medidas que sólo contribuyen a incrementar la inflación.