Una huida con un inevitable final

Ayer lunes, cuando los españoles nos sentábamos para ver el debut de la Selección en el Mundial, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés llegaban a los juzgados para celebrar una vistilla previa a la más que segura decisión del juez Peinado de finalizar la Instrucción y abrir un juicio con jurado. Y unas horas antes se había conocido el penúltimo informe de la UCO, que describe la estructura jerárquica y operativa de la cloaca, que es completamente coincidente con la del PSOE y con la del Gobierno; al punto que la actividad de dicha cloaca sólo se entiende, y sólo es creíble, si es instruida y/o posibilitada desde la jefatura máxima de ambas instituciones.

En circunstancias normales estaríamos ante el final de la escapada. Y no sólo porque la responsabilidad política inherente a su condición le debería empujar a la explicación necesaria y a la consecuente asunción de culpas; sino porque los jueces instructores de la Audiencia Nacional ya no tienen otra opción que iniciar el procedimiento de imputación del presidente del Gobierno.

Es intelectualmente inaceptable ninguna motivación para las actuaciones de, por un lado, el secretario de Organización o los gerentes del PSOE, y por el otro, la Fiscalía, la directora de la Guardia Civil o altos funcionarios de Presidencia del Gobierno, que no suponga el conocimiento y la connivencia de Pedro Sánchez.

Lo sentimos mucho por los magistrados Moreno o Pedraz, pero no hay otra salida, y desde ahora en adelante la instrucción tiene que conducir a una imputación en cadena de los responsables operativos y políticos que solamente puede terminar con la del propio presidente del Gobierno. Los indicios son tan claros y las evidencias tan explícitas que otra salida ya no es admisible, y para los jueces la elusión de esas obligaciones podría empezar a considerarse culposa. Otra cosa es que la gravedad y la dificultad procedimental, que pasa por el traspaso de las actuaciones al Tribunal Supremo (que es quien tiene la jurisdicción para continuar estas causas y solicitar los correspondientes suplicatorios), aconseje un celo exquisito en la instrucción y la máxima prudencia en las formas y en los tiempos; pero, como decía, no se vislumbra ni intelectual ni procesalmente otra salida. A ver si va a tener razón la ministra Morant y resulta que, en un sentido diametralmente opuesto al apuntado por ella, la justicia no es igual para todos.

Ese es el camino y no hay otro remedio que emprenderlo. Hasta ahora se pensaba que estábamos ante responsabilidades e implicaciones políticas y que Sánchez tenía margen de actuación; pero ahora se evidencia que estamos ante otro tipo de responsabilidades y que son otros los que están obligados a tomar otras decisiones. El que Pedro Sánchez se decidiera, que no lo va a hacer, a asumir su responsabilidad política, ya no retira gravedad ni debería cambiar en último término las consecuencias penales, si no que solamente modificaría la jurisdicción y el procedimiento.

De cualquier forma, está claro que continuará en su huida a ninguna parte. En una demente ceguera cree que todavía puede seguir engañándonos y ayer convocó la ejecutiva para alinear al partido, hacer un control de daños e intentar cambiar la dinámica y dejar de ir detrás de los informes policiales y los autos judiciales. Y tan afinado y entregado tiene al PSOE que nadie en su directiva se mueve un ápice del discurso oficial, aunque éste sea ya un auténtico disparate. Alguien debería caer en que, al igual que le puede pasar al Gobierno con casos como el de Plus Ultra, también el partido en sí puede terminar siendo condenado por ilícitos penales de tremenda gravedad.
Algo parecido le está pasando a Mercedes González, que ha comparecido en el Senado, y lejos de verse intimidada por el escenario y por la obligación de decir la verdad, va al ataque con un habitual desparpajo que ya hace tiempo ha devenido en desfachatez.

Pero ya conocemos a Sánchez, y sabemos que su vocación de resistir no es fortaleza de carácter sino una patología que le impide aceptar la realidad. Su problema ya no es sólo tema de policías y jueces, es también un problema de psiquiatras. Se va a empeñar en negar la realidad aunque ésta le caiga encima con la fuerza de la política, y aun de la justicia. Como le pasaba al personaje de Lawrence de Arabia en la película David Lynch insistirá en que nada está perdido y nada está escrito, y no aceptará el final si no es él quien lo escribe.