Una filtración que retrata la ignominia política de Pedro Sánchez

Una filtración que retrata la ignominia política de Pedro Sánchez

Sólo hay un calificativo: vergonzoso. ERC, un partido cuyos líderes están en la cárcel por un delito de sedición; esto es, por subvertir el orden constitucional y el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho, conoce ya el informe de la Abogacía del Estado y ha dado el visto bueno a la investidura de Pedro Sanchez, cuyo nivel de indignidad política no tiene precedentes en la democracia española. La filtración del informe a los golpistas supone que la institución encargada de defender al Estado ha sido conminada a entregar el Estado a los separatistas. La Abogacía del Estado negó presiones e injerencias en un comunicado. Después de conocer que el informe ha sido filtrado cabe esperar que emitan otro denunciando el chivatazo. Si quieren ser creíbles no tienen otra salida. Todo es de una indecencia superlativa.

Sánchez ha triturado las instituciones, las ha denigrado con un comportamiento abyecto desde un punto de vista democrático. Es de una ignominia tal que pasará a la historia por ser el primer presidente del Gobierno de España que entrega la dignidad nacional para contentar a un puñado de golpistas. El acuerdo está hecho. Sánchez seguirá en La Moncloa gracias al apoyo de los enemigos de España, que a esta hora estarán celebrando la claudicación de un Gobierno políticamente inmoral. Con la izquierda radical y los separatistas, Sánchez seguirá en el poder tras convertir a España y los españoles en rehenes de su estrategia suicida. La Abogacía del Estado tendrá que explicar cómo es posible que mientras pedía respeto a su autonomía , se filtraba a los golpistas el contenido de un informe que satisface las pretensiones de los enemigos del Estado. No va a quedar una institución con verdadera libertad de acción, porque Sanchez ha triturado la separación de poderes y degradado nuestra democracia a niveles de republica bananera.

España ha sido la moneda de cambio con la que el jefe del Ejecutivo en funciones ha pagado el precio exigido por los secesionistas catalanes. Una vileza política que no tiene parangón

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