De español en la escuela ni el 25 ni el 50: el 155

Ni amor a la lengua ni nada de nada: aquí sólo va de quién manda. Y los independentistas son expertos en tomarnos el pelo. El conseller de Educación, Josep González Cambray, y otros responsables del Departamento de Educación, quieren pasarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les obliga a aplicar un 25% de castellano en nuestras sufridas y manipuladas escuelas por su “arco del triunfo”. Que no es el que está precisamente en la parte de arriba del Paseo de Picasso.

Y, con toda la desvergüenza, amenazan a los profesores que pudieran utilizar la lengua común. El conseller, esta semana, en el desayuno Nueva Economía Forum, ha anunciado que lanzará su inspección educativa para asegurar el cumplimiento de un nuevo decreto lingüístico que se han montado para seguir sorteando la sentencia.  Y ha enviado instrucciones a más de 5.000 escuelas asegurándoles que «Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos». “Los proyectos lingüísticos deben cumplirse», ha dicho refiriéndose sólo a los pensados para construir la nació,  y  que «los docentes no pueden elegir en qué idioma quieren hacer la clase».

El conseller siempre insiste en que la escuela catalana es «un modelo de éxito», pero es un secreto a voces que gran parte de los políticos independentistas llevan a sus hijos a escuelas privadas donde la lengua prohibida se estudia sin ningún tipo de problema. El director de la publicación e-noticies le preguntaba esta semana sobre la escuela a la que lleva sus hijos, que no es un centro público. Pero se escaqueó : «Es una pregunta personal que no voy a responder», dijo muy cuco.

La lengua es su línea roja de poder. En Cataluña esa idea del “modelo de éxito” o de la “cohesión social”,  tan falsas ambas,  calaron durante demasiados años. En algunos, por románticos: gente de cultura, familia y lengua catalana a quienes les apenaba la posibilidad de que retrocediera y desapareciera, como tantas otras lenguas que se han ido minorizando en el planeta. En otros, por ideología nacionalista, ahora ya independentista. Profundamente hispanófobos,  la lengua es claramente para ellos un marcador grupal y un elemento diferenciador comunitario imprescindible. En realidad la usan para avanzar su agenda separatista. Y a todos ellos se les unen oportunistas políticos como Ramón Cotarelo, que ha sido noticia estos días por denunciar que en Salt (como si no hubieran problemas reales en Salt) un camarero latinoamericano no le había querido atender en catalán.

La mitad de Cataluña hubiera podido simpatizar y comprender a esos “románticos” antes del intento de golpe contra el estado del otoño del 2017. Ahora ya no. Gente maltratada durante años por un sistema escolar que la discrimina y que utiliza todos los medios a su alcance para hacer oír una única voz. Y también por un Estado cuyos sucesivos gobiernos no han reaccionado ante la conculcación de derechos que este juego perverso significa para la ciudadanía.

Van a seguir con su coacción indisimulada. Por ello, la incansable Ana Losada, y con ella la Asamblea por una Escuela Bilingüe, han reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que multe al conceller “matón” (como le califica Inés Arrimadas) con 1.500 euros diarios, además de otras consecuencias penales. También el PP ha presentado una proposición no de ley exigiendo al Govern que obligue la Generalitat a aplicar la sentencia del TSJC, y Ciudadanos ha llevado el incumplimiento a la fiscalía. Pero son expertos en marear a la justicia. Ni 25 ni 50. Sabemos que 155 sería mano de santo.