España: crecimiento sin reparto, rentas estancadas y empresas al límite

En los últimos meses, el presidente del Gobierno ha insistido en que España es «la locomotora económica de Europa». Sin embargo, la realidad que viven hogares, trabajadores y empresas dista mucho de ese relato. Según un informe elaborado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos junto al economista y gestor administrativo, Javier Santacruz durante el primer trimestre de este ejercicio, la renta familiar en España representa hoy sólo el 88% de la media europea, lo que significa que seguimos sin recuperar los niveles relativos que teníamos antes de la entrada en el euro.

La situación es aún más preocupante si se analiza la evolución desde 1999. En estos 25 años, las familias han incrementado su dependencia del Estado en un 26,3%, mientras que los salarios y rentas del capital han crecido menos que los impuestos y las transferencias públicas. De cada 100 euros de renta, 45 se destinan a pagar impuestos, cinco puntos más que al inicio del siglo. Y pese a esta mayor contribución fiscal, el poder adquisitivo real no ha mejorado.

Lejos de una mejora estructural, España ha basado su crecimiento reciente en consumo público, turismo e inflación, sin un refuerzo real del tejido productivo. De hecho, el barómetro de los Gestores Administrativos publicado en julio confirma que uno de cada veinte pequeños negocios ha cerrado en apenas seis meses, y que los problemas de liquidez, endeudamiento y acceso a crédito se han agravado. Aunque las constituciones empresariales crecen ligeramente, la rotación no compensa la pérdida: muchas de las que nacen lo hacen al filo de la quiebra, y las que desaparecen eran, en su mayoría, viables en condiciones normales.

Las cifras revelan un tejido empresarial bajo asfixia: el 17% ha cerrado el semestre con pérdidas, el 25,5% ha incrementado su endeudamiento, y más de 340.000 negocios operan ya parcial o totalmente fuera del sistema. No por elección, sino porque dentro no encuentran aire. A todo ello se le suma una carga fiscal creciente: el 50,6% de las empresas paga más impuestos que hace un año, mientras que sólo un 4,6% dice pagar menos.

Este deterioro estructural explica por qué el debate sobre subidas salariales no puede resolverse a golpe de decreto. El informe «¿Pueden las empresas españolas subir los salarios?», elaborado por Santacruz hace unos días junto con el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, desmonta el mito de que «las empresas ganan mucho dinero y pueden pagar más». La realidad es que, salvo algunas grandes compañías, la mayoría del tejido empresarial español —formado en más de un 90% por micro y pequeñas empresas— no tiene margen para absorber nuevas cargas salariales sin comprometer su viabilidad.

Desde 2008, la productividad por trabajador ha caído mientras que el salario medio ha crecido un 15,35%, superando el valor añadido por empleado, lo que presiona los márgenes empresariales. De hecho, el resultado neto de las empresas se encuentra hoy en mínimos históricos, con caídas del 23,5% respecto a niveles prepandemia y una rentabilidad sobre activos (ROA) por debajo del coste de la deuda en buena parte de las pymes.

El sector más vulnerable es el que más empleo genera: microempresas con menos de 10 empleados, que registran tasas de fracaso del 37% y que operan con una rentabilidad estructuralmente baja. Muchos sectores intensivos en mano de obra —como comercio, hostelería o transporte— tienen los márgenes operativos más bajos y soportan una mayor presión fiscal proporcional, siendo además los más afectados por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.134 euros en 2024.

El estudio de Santacruz propone una alternativa fiscal realista: compensar a empresas y trabajadores mediante deducciones en el Impuesto de Sociedades e IRPF, redistribuyendo parte del esfuerzo fiscal para evitar que se destruya tejido productivo. La propuesta concreta contempla 2.063 millones de euros en compensaciones, priorizando a las regiones y sectores más afectados. También propone incentivos a la productividad, deducciones ligadas al ahorro o la inversión en planes de pensiones y provisiones empresariales.

El problema, además, no es sólo económico. Es institucional. El último Barómetro de la gA, realizado durante el mes de julio, muestra que el 84% de los Gestores Administrativos considera que la atención administrativa no ha mejorado en 2025, y el 61% afirma que hoy es más difícil hacer trámites que antes de la pandemia. Los negocios no sólo sufren una fiscalidad asfixiante, sino un aparato burocrático colapsado que actúa como obstáculo en lugar de como facilitador.

Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Gestores Administrativos, lo resume con claridad: «Lo macro y lo micro no coinciden. Aunque nos repitan hasta la saciedad que somos la locomotora de Europa, nuestros negocios no se han podido subir ni al tren». Reclama una Ley de Colaboración Social Administrativa que permita a los gestores administrativos intervenir para aligerar la carga de trámites a empresas y autónomos, y denuncia que las reformas estructurales siguen sin llegar.

A todo ello se suma un factor político: la falta de interlocución real con quienes representan a las pymes, como ya denunció hace un año el Manifiesto de la Pyme Española. Desde entonces, nada ha cambiado. Ni en fiscalidad, ni en negociación colectiva, ni en acceso a financiación. Las grandes organizaciones empresariales han optado por el silencio, y han abandonado a quienes sostienen la economía real.

En conclusión, España no podrá garantizar salarios dignos si no asegura antes la viabilidad de sus empresas. La redistribución sin productividad es insostenible. La presión fiscal sin rentabilidad es suicida. Y la representación empresarial sin coraje es estéril. No se trata de frenar el progreso social, sino de construirlo sobre bases sólidas. Para eso, hace falta dejar de mirar sólo los titulares y escuchar al país real: el de las familias que no llegan a fin de mes, los autónomos que resisten sin ayudas y los pequeños negocios que cada día abren la persiana con más miedo que esperanza.