Los errores fiscales son fraude y los fraudes no los perdona Hacienda

Hacienda cumple con su deber y no tiene piedad con los españoles que cometen fraude fiscal, un delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal. Sin ir más lejos, ahí está el caso del exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta. Cualquier imprecisión en plazo o forma con el Fisco, se paga de manera inexorable en función de su cuantía y gravedad con multa o, incluso, mediante pena de cárcel. Nadie escapa a ese control y así debe ser. Pedro Duque no puede pretender convertirse en una excepción única entre todos los españoles, menos aún a base de excusas peregrinas. De hecho, y aunque diga e insista en que no ha tenido «ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni de obtener ninguna ventaja fiscal indebida», lo cierto es que las ha conseguido a través de la sociedad instrumental donde están contenidos los chalés de lujo de Madrid y Jávea.

Ni sus gestores ni el argumento del supuesto «desconocimiento» pueden tomarse como justificaciones válidas para un hombre que, dada su proyección pública y política, debería tener un cuidado escrupuloso con todos sus movimientos y gestiones. No sólo hay que ser decente, sino también parecerlo. En este caso, ni una cosa ni la otra. La «ejemplaridad» ha sido el leitmotiv —mucho más teórico que práctico— del Gobierno desde que Pedro Sánchez se convirtiera en el primer jefe del Ejecutivo de nuestra historia sin pasar por las urnas tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

De ahí que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades deba dimitir. Con su comportamiento ha contribuido a uno de los problemas más graves de la sociedad española. El fraude fiscal en España supone más de 20.000 millones de euros al año, el equivalente al 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Ese dinero que se queda sin recaudar es dinero que falta para ámbitos tan importantes como la Sanidad o la Educación, entre otros. Por tanto, Pedro Duque no tiene excusa que le asista. Lo único que puede hacer es dimitir, ya que cualquier representante público que escatime el pago de impuestos es un represente público inhabilitado para el trabajo institucional.