Deseo de ‘multitud’ de juristas

Hay noticias que dan qué pensar, como esta: «23 profesionales jurídicos de Baleares realizaron una petición a Pedro Sánchez para que le pidiera a Felipe VI anunciar durante su discurso de Navidad la renuncia al privilegio de impunidad». Tal pretensión, ignorada por el actual presidente por si acaso la monarquía, en un futuro indeterminado, se nos acabara convirtiendo en una república y conviniera seguir gozando del mismo, trataba de evitar que se le permitiera al rey «cometer delitos».

Un periódico mallorquín, barriendo pro domo sua, como nos tiene suficientemente acostumbrados, titulaba tal que así: Profesionales jurídicos de Baleares proponen que el Rey renuncie a su impunidad, si bien no se atrevió a titular anteponiendo los porque habría resultado evidentemente demasiado obsceno. Porque, hete aquí un pequeño detalle a tener en cuenta, la multitud de profesionales firmantes, más o menos jurídicos, alcanzó el ingente número de 23 frente a los escasos casi 3.000 abogados y aproximadamente 500 jueces que componen hoy la nómina de juristas de Baleares.

La petición, puede que bienintencionada, la suscribían entre otros ilustres nombres del foro las togas de José Castro y Juan Pedro Yllanes. Y uno de los primeros firmantes, ferviente constitucionalista, aunque solo a ratos y según, ya apuntaba maneras cuando declaró que «El Rey debería pedir el indulto para Valtonyc y cambios en el Código Penal» o, más constitucionalista aún, que «Los Jordis, Junqueras y Forn son presos políticos», mientras que Juan Pedro Yllanes, menos aguerrido, contuvo sus exigencias y con algo más de modestia solo se atrevió a señalar: «No pedimos nada exagerado, ni siquiera que el rey renuncie a toda su inmunidad».

El texto del escrito en cuestión dirigido a Sánchez, tras expresar los juristas de entrada sorpresa vergüenza, intranquilidad e indignación, todo a la vez, constataba la incapacidad de la Justicia para investigar, juzgar y condenar delitos como los que mencionó el fiscal anticorrupción con respecto al emérito Juan Carlos I y la decepción por haberse negado PSOE y PP a legalizar una interpretación de parte de la «inviolabilidad» establecida en el artículo 56 de la Constitución.

Sabrá la ingente mayoría de los 23 juristas frente a la ignorancia de los otros casi 3.500 que la Constitución conviene, mejor dicho, hay que cumplirla íntegramente o en su caso reformarla, si conviene y procede según el método establecido. Una Constitución diseñada a capricho de tan ilustres juristas, aquejados de algún estrabismo legal de difícil subsanación, en principio no es lo que según parece puedan desear quienes poseen una visión algo más correcta. Como quien dice, y ante tamaña pretensión, ni son todos los que están ni están todos los que son.