La democracia amenazada: Sánchez se lanza a la deslegitimación del Tribunal Supremo

El procesamiento por parte del Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos nos sitúa ante dos hechos sin precedentes: el primero, la propia imputación, por vez primera en la historia de la democracia, del máximo representante del organismo encargado de velar por el principio de legalidad, y el segundo, lo insólito de que García Ortiz no se aparte, por una mera cuestión de dignidad y para no arrastrar a la institución, de un puesto para el que, a pesar de todo,  sigue contando con la confianza del Gobierno, lo que añade todavía más gravedad al asunto.

Lo surrealista es que la fiscal jefe de Madrid, también procesada, tendrá que ser apartada en cumplimiento del Reglamento de la Fiscalía, mientras que su jefe, imputado por idéntico delito, seguirá atrincherado en su puesto. Con todo, lo más grave no es la negativa de García Ortiz a renunciar, sino la respuesta de un Gobierno que, de manera más o menos burda, pero claramente, se ha lanzado a cuestionar el auto del magistrado del Supremo Ángel Hurtado.

Óscar Puente, incluso, ha acusado al alto tribunal de liderar la oposición al Ejecutivo. No es una salida fruto de un calentón puntual, sino que responde a una estrategia perfectamente diseñada, porque en medio de los casos de corrupción que rodean al PSOE y a la familia misma de Pedro Sánchez, el plan del Gobierno pasa por la deslegitimación de todas y cada una de las instituciones que amenazan el horizonte político de un jefe del Ejecutivo que está dispuesto a poner en jaque al mismísimo Estado de Derecho.

Hasta ahora, las andanadas dialécticas y maniobras de deslegitimación del PSOE han ido dirigidas contra personas concretas pertenecientes a ámbitos de la judicatura o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, acusadas sin prueba alguna de servir a los intereses de la derecha, pero a medida que se le vaya complicando todavía más la situación a Pedro Sánchez que nadie tenga la menor duda de que su objetivo será dinamitar la legitimidad del Tribunal Supremo. Sánchez va directo al choque de trenes contra el más alto tribunal, lo que es tanto como cuestionar la separación de poderes. Van a eso y si no, al tiempo.