En defensa de la atracción de inversiones

Hace semanas, en su participación en las jornadas de Spain Investors Day, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la creación de una nueva deducción en el IRPF dirigida a atraer a Madrid nuevos contribuyentes que deseen establecerse en la región madrileña para vivir, trabajar o emprender y que con su patrimonio puedan contribuir al incremento del dinamismo regional, de manera que dicha deducción por atracción de inversión internacional iba dirigida a no residentes en España durante al menos los últimos cinco años e iba a instrumentarse mediante una norma con rango de ley.

Si conjugo el pretérito imperfecto de indicativo se debe a que no podrá aplicarse en la legislatura que termina ahora, pues el jueves 23 fue rechazado su trámite por lectura única, al votar en contra tanto la oposición de izquierdas al Gobierno de la Comunidad de Madrid como Vox.

Realmente, por tanto, ni siquiera pudo debatirse el aspecto técnico de la deducción, pues lo que se rechazó fue su trámite por lectura única y, como ese día era la última sesión de la Asamblea de Madrid en la presente legislatura, no puede ya salir adelante por tramitación ordinaria, de manera que o no se aplicará o irá en un programa electoral para tratar de aplicarla si la formación que la proponga cuenta con la fuerza suficiente en el parlamento madrileño.

Este hecho, el que no se dejase debatir, señala el primer punto en el que la oposición de Vox no estaba basada en argumentos, bien porque no los tenía, bien porque desconoce realmente cuál era el objeto de la medida, bien por motivos políticos para no rechazar en un debate una bajada de impuestos junto a la izquierda. No creo que, realmente, Vox esté en contra de bajar impuestos, pero con esta actuación sí que lo ha parecido. Y lo que Madrid no puede hacer es incentivar a las empresas para que vengan, como dijo un portavoz de Vox, porque la región madrileña tiene competencias en su tramo del IRPF, pero no en el impuesto de Sociedades.

Vox puede estar a favor o no de dicha medida, pero debe dar argumentos técnicos pertinentes para ello, especialmente económicos pues se trata de una medida de política fiscal, que es una de las partes de política económica, y nada de ello se hizo. Posteriormente, mi buen amigo y admirado, querido y respetado Eduardo Fernández Luiña, persona sabia, esgrimió un conjunto de argumentos basados en la no discriminación y la justicia social para justificar la oposición a la medida. Discrepo de los mismos, no los comparto y los considero equivocados, por estarlo, a mi juicio, el enfoque del objeto que pretendía conseguir la medida, pero son argumentos con los que poder debatir. De hecho, he quedado con él en tomar un café para charlar sobre el tema, cosa que será enriquecedora, pues incluso aunque mantengamos la discrepancia tras ello, que es posible e incluso probable, siempre es un placer escuchar argumentos para sustentar un tema, aunque no se compartan. Conozco a Eduardo y es así. Y conozco desde hace mucho a Santiago Abascal y a Iván Espinosa de los Monteros, por poner dos ejemplos de dirigentes de Vox, y siempre han empleado argumentos. Con Santi he compartido gobierno en la Comunidad de Madrid y con Iván una década de tertulia económica en la radio y, como en el caso de Eduardo, han sido -y son- siempre unos señores y han tratado de argumentar sus posiciones. Por eso, creo que se han equivocado en no argumentar antes su posición, que considero equivocada, insisto, pero que con argumentos se podría discrepar, pero sobre la base de algo sólido, porque la apariencia del rechazo al debate de la deducción ha parecido más un «no porque no», más por motivos políticos o electorales que técnicos. No obstante, insisto, los argumentos posteriores de Luiña, aunque no los comparto, son argumentos para el debate, a los que se pueda dar réplica.

De esta manera, en cuanto a la crítica de injusticia social, no se produce tal injusticia, pues la habría si se discriminase al sujeto pasivo por el mismo objeto del hecho imponible. Como éste es el atraer inversiones no existentes de personas no residentes durante al menos los cinco años anteriores, a nadie se discrimina. El contribuyente actual está asentado y se beneficia de los menores impuestos de Madrid; al nuevo, se le trata de otorgar un incentivo de bienvenida para que se anime a instalarse en Madrid.

Madrid, y el conjunto de España, necesitan inversión extranjera para aumentar su crecimiento a medio y largo plazo de forma estructural y estable, porque con el ahorro nacional no es suficiente. Si se logra atraer, aumentará esa actividad económica y el empleo ligado a ella, tanto por la vía de la inversión y actividad productiva como del consumo. Eso son puestos de trabajo de los que se beneficiarán todos los residentes. Por tanto, no sólo no es injusta la medida, sino que es solidaria. Adicionalmente, no se trata, por ello, de recaudar más, sino de poder atraer contribuyentes que generen ingresos y que pagando menos impuestos permitan seguir rebajando los mismos a los ya residentes, para, así, poder cubrir los servicios que la región tiene como obligación. Por la vía del gasto no se puede hacer mucho, ya que la mayor parte del gasto es estructural y viene marcado por normativa básica estatal, pero aun admitiendo que se intentase llegar de nuevo a la cifra de presupuesto del año 2015, cosa que sería deseable pero difícilmente alcanzable por el gasto expansivo estructural de todas las administraciones entre 2015 y 2019 -en el caso de la AGE también desde 2019 hasta ahora- sería positivo el incremento de bases para seguir rebajando impuestos y generando, así, actividad económica y empleo.

Y tampoco supone una desventaja a la hora de comprar inmuebles para los residentes, entre otras cosas porque el no residente, para poder deducirse, tiene que generar unos ingresos en IRPF que le permitan tener cuota suficiente para deducirse el 20% de la inversión en seis ejercicios, en primer lugar, y, en segundo lugar, porque los demandantes de esos inmuebles, tanto residentes como no residentes que puedan llegar a Madrid, suelen tener una demanda muy inelástica al precio, de manera que la competencia sigue en el mismo estado que antes, no constituyendo el precio el elemento realmente diferenciador en estos casos sobre el que van a tomar la decisión. En todo caso, si en una época de crisis cayese la demanda, incorporar nueva demanda ayudaría a mantener en mejores condiciones una rama importante de la actividad y, con ello, el empleo. Así, una estimación inicial podría señalar un efecto total que supondría una ganancia adicional de 124,71 millones en recaudación, que permitirían seguir bajando los impuestos a los residentes actuales; 886 millones más en PIB; y 12.448 empleos más, de los que se beneficiarían también los residentes actuales.

Atraer inversión es esencial para una economía para que sea dinámica y próspera, con empleo abundante, y poder cubrir el gasto esencial con bajos impuestos, alcanzar superávit, reducir, con ello, la deuda en valores absolutos y presionar menos los precios.