La Colombia de Petro es un polvorín

El pasado 7 de junio un sicario intentó matar al senador Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, mientras daba un mitin callejero en Bogotá. Desde entonces, el joven político se debate entre la vida y la muerte. El 10 de junio se perpetraron docena y media de atentados (tiroteos, coches y motos bomba, pistoleros…) en varias regiones colombianas que han dejado al menos seis muertos. Y estos delitos ocurren cuando falta menos de un año para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 31 de mayo de 2026.

Colombia es un país donde la violencia política ha sido una constante casi desde su nacimiento. Precisamente, un largo período, entre los años 20 y 60 del siglo XX, recibe ese nombre, “La Violencia”, debido a una cuasi guerra civil entre liberales y conservadores. En la posguerra, como en el resto de Hispanoamérica, penetró el socialismo revolucionario de la mano del castrismo cubano, que entrenó y armó a subversivos. Ahí nacieron las FARC y el ELN, que tenían miles de hombres en las junglas. A ellos se les unieron en los 80 los narcos, del que el más famoso fue Pablo Escobar, que en ocasiones colaboraron con los guerrilleros socialistas para lucrarse con la coca y atacar al Estado. El último factor fueron las milicias paramilitares, que además de combatir a los anteriores también se dedicaron al narcotráfico.

El río de dinero de las drogas impregnó toda la vida del país, hasta el punto de que el liberal Ernesto Samper (1994-1998) recibió fondos del narco para engrasar su campaña en 1994, en la que derrotó al conservador Andrés Pastrana (1998-2002), partidario de la lucha contra los guerrilleros y no de la negociación con ellos.

Sólo el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), un antiguo liberal que fundó su propio partido, Centro Democrático, que contó con el respaldo de Estados Unidos después del 11-S, pudo acabar con la mayor parte de los narcos, guerrilleros y pistoleros. Pero con los presidentes posteriores, Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022), aparentes continuadores de Álvaro Uribe, las bandas narcoguerrilleras revivieron.

Impulsado por la legitimación de los guerrilleros, por la pésima gestión económica hecha por Duque y por el asesoramiento del régimen chavista, el ex terrorista Gustavo Petro, miembro del M-19, ganó las elecciones. Desde su época de alcalde Bogotá (2012-2016), en Colombia se duda del estado mental de Petro, por sus palabras y su conducta. En octubre conjeturó sobre la evacuación de parte de la población de Bogotá por falta de agua potable en febrero o marzo, sin que el desastre sucediera.

Uno de sus ministros, Álvaro Leyva, le ha acusado de ser adicto a las drogas, de encantarle las desapariciones durante viajes internacionales sin avisar a sus escoltas y de actuar sin medir las consecuencias.

En la línea del mexicano Andrés Manuel López Obrador y del uruguayo José Mujica, Petro ha revestido su acción de gobierno de lemas grandilocuentes, ajustados al sentimentalismo actual. Si AMLO resumió su estrategia contra las bandas de narcos en “Abrazos, no balazos”, el colombiano ha usado y abusado del eslogan “Política del amor”.

Como todos los globalistas, vengan de Harvard, de un banco de inversiones o de la selva, una de sus obsesiones es el cambio climático. En un discurso en Alemania el año pasado, explicó que el sur expulsa población porque su agua se seca; entonces, la gente va al norte, porque hay agua debido al deshielo. “Detrás de la crisis y el desplome está la crisis climática que produjo el mercado, y eso se transforma políticamente en barbarie, en fascismo en el norte.” Un análisis más propio de Greta Thunberg que de un jefe de Estado de un país poblado por más de 53 millones.

En 2015, se volvió a introducir en la Constitución la regla de que el presidente sólo puede desempeñar un mandato de cuatro años. Ni reelección ilimitada, como en Venezuela, ni alterna, como en Perú, Chile y Argentina. Petro, que siempre declaró que no modificaría la Constitución como hizo Hugo Chávez, quiere pasar a la historia de su país y allanar el camino para el candidato del Pacto Histórico. Y en este designio era imprescindible la aprobación de una reforma laboral que entrase en vigor este mismo año.

El proyecto, aprobado en la Cámara de Representantes, quedó bloqueado en el Senado, donde el Gobierno está en minoría. Además, el día 20 concluirá el período de sesiones. Entonces, Petro recurrió, junto a manifestaciones de su Gobierno con los sindicatos, a la convocatoria de un referéndum por decreto. A esta última medida se opusieron varios parlamentarios, entre ellos Miguel Uribe, que la calificó de “rompimiento constitucional”.

La víspera del intento de asesinato, Petro respondió en X a Uribe, que en marzo había anunciado su intención de presentarse a las primarias para la candidatura del Centro Democrático a la presidencia: “¡Dios mío! ¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional?”. Porque en Colombia sólo ha matado la derecha, o los liberales, o la CIA, o los hacendados, o la viruela, pero nunca la izquierda.

Poco antes del atentado, Uribe afirmó: “Ministro que firme será denunciado por prevaricato. El poder presidencial no es absoluto”. Después, fue tiroteado.
Todo manual de propaganda de los izquierdistas subraya que la reacción en una crisis es culpar a la oposición, como estamos viendo en España con el inminente procesamiento del fiscal general del Estado: hay una conspiración de los “jueces fachas” y no existen pruebas. Petro lo sigue y así ha proclamado que él también es víctima y que, en realidad, la culpa de la violencia y de los muertos es de la oposición, por llevarle la contraria.

Esto escribió el presidente en X el 9 de junio: “Uno de los más afectados con el atentado, después del senador Miguel y de su familia, es el gobierno. El actual clima de tensión nace cuando 8 senadores de la comisión VII del senado, decidieron, sin discutir, hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes”.

El sicario, menor de edad, cuya integridad Petro ha garantizado, porque “los niños se cuidan en Colombia”, y los últimos atentados, ¿constituyen un plan del gobierno o sus aliados (políticos o de otro tipo) para amedrentar a la población y que se limite a sobrevivir encerrada en sus casas, sin meterse en política, como ya ocurre en Nicaragua y en amplias zonas de México?

Lo incuestionable, aparte de las palabras ofensivas de Petro, son los asesinatos, consumados o frustrados, que están sufriendo en América los candidatos (incluso a cargos modestos como el de alcalde) que no se venden al crimen organizado, se comprometen a perseguir las drogas o anuncian el freno a la inmigración ilegal, como Donald Trump, que salvó la vida el año pasado por poco, y el ecuatoriano Fernando Villavicencio, éste asesinado en 2023.
¿Por qué las balas siempre van en la misma dirección?