Cisma en el Constitucional: otra institución aniquilada por Sánchez

Los votos particulares de cuatro magistrados discrepantes con la sentencia del Tribunal Constitucional que avala ley del Gobierno que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos mientras sus miembros sigan en funciones son algo más que una mera discrepancia jurídica. Son la constatación de que en el órgano encargado de interpretar la Constitución se ha producido un brutal choque de trenes. Porque los cuatro magistrados contrarios a la decisión de la mayoría del TC acusan a sus compañeros de socavar la propia Constitución y erosionar el Estado de Derecho.

No se trata, pues, de una mera cuestión de disparidad de criterios, sino de una impugnación en toda regla de la sentencia que se ponía del lado del Gobierno. Y los argumentos de los cuatro magistrados son de una contundencia apabullante: esgrimen que se han transgredido «los límites constitucionales» porque la reforma impacta en la función que configura «la esencia» del CGPJ, órgano «garante de la independencia no solo del juez individual, sino de todo el sistema judicial en su conjunto».

Y la acusación a la mayoría del Tribunal Constitucional de «desnaturalización» del órgano, ya que afecta a su independencia frente al «poder político» tiene una carga de profundidad evidente. Es la constatación -no había que ser un lince- de que estamos ante dos bloques enfrentados, pero la acusación a la mayoría afín a Pedro Sánchez de que ha «prescindido de los límites constitucionales que impone el artículo 122 de la Constitución» es tanto como decir que estos magistrados no se rigen por su sometimiento a la Carta Magna, sino -cabe inferir- por su sometimiento al Gobierno.

Si tenemos en cuenta lo que queda por venir -el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía que Pedro Sánchez negocia con los golpistas catalanes- parece evidente que el cisma en el TC es el reflejo del cisma que amenaza al Estado de Derecho.