A calzón quitado

No sé si se han fijado, pero ya ni se molestan en disimular. Los gobernantes occidentales se lo están llevando calentito con una desvergüenza, con una sensación de impunidad que no habían tenido nunca antes.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero no solo se despega de todo lo anterior por los presuntos delitos que investiga la Audiencia Nacional —tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal—, sino porque probablemente estamos ante el primer gran caso español de corrupción con auténticas ramificaciones geopolíticas internacionales. Aquí ya no aparecen solo comisionistas patrios y recalificaciones urbanísticas, sino Venezuela, el Grupo de Puebla, petróleo chavista, rutas financieras opacas, empresas sancionadas por Estados Unidos y China esperando discretamente al final de la tubería.

Es otra liga. Durante años, Zapatero pudo parecer simplemente un cursi peligroso: el hombre de las nubes de colores, la alianza de civilizaciones y las frases huecas pronunciadas con gravedad episcopal. Y, curiosamente, también parecía el único gran dirigente socialista español que había atravesado el poder sin grandes escándalos económicos a sus espaldas. Felipe González dejó Filesa, Roldán y los GAL; Sánchez parece rodeado ya por un ecosistema casi permanente de corrupción y clientelismo. Pero Zapatero conservaba todavía cierto barniz de santón ideológico.

Pero ahora la Audiencia Nacional sospecha que el expresidente ejerció una «influencia determinante» en operaciones vinculadas al petróleo venezolano. Las investigaciones apuntan a movimientos de hasta 1,95 millones de euros y el juez ha ordenado bloquear cerca de medio millón en cuentas relacionadas con Zapatero. En mitad de la trama aparece además Swissoil Trading SA, una compañía sancionada en 2021 por la Administración Trump por colaborar presuntamente en la evasión de sanciones contra PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

Y, por supuesto, aparece China, durante años el gran sostén financiero exterior del chavismo. Prestó decenas de miles de millones a Caracas respaldados con petróleo y se convirtió en comprador final de buena parte del crudo venezolano, incluso mientras Washington intentaba asfixiar económicamente al régimen. Lo fascinante del caso Zapatero es precisamente eso: ya no parece corrupción provinciana española, sino una pieza menor dentro de las redes financieras y políticas que conectan a la izquierda occidental con dictaduras amigas, petróleo, antiamericanismo y dinero chino.

Y entonces uno empieza a entender que el problema ya no es simplemente la corrupción, sino la creciente sensación de que van a calzón quitado, que se sienten por encima de algo tan vulgar como las leyes. Ursula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea dejando detrás el escándalo de los contratos opacos y la destrucción sospechosa de mensajes oficiales cuando era ministra de Defensa alemana. El famoso Pfizergate sigue todavía rodeado de sombras incómodas sobre las negociaciones multimillonarias de vacunas mediante mensajes privados entre Von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer.

Christine Lagarde, hoy presidenta del Banco Central Europeo, fue declarada culpable en Francia por negligencia en el escándalo Tapie cuando era ministra de Economía, aunque evitó la pena de prisión. Y luego llegó el Qatargate, probablemente el mayor escándalo de corrupción institucional en la historia reciente de Bruselas: maletas llenas de dinero en efectivo, eurodiputados socialistas implicados, influencias compradas por Qatar y Marruecos y casi millón y medio de euros requisados por la Policía belga. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili fue detenida tras encontrarse bolsas de dinero en efectivo en su domicilio y una maleta con cientos de miles de euros en manos de su padre. Y aun así todos siguen ahí, destilando superioridad moral, dando lecciones sobre democracia, transparencia y extremismo desde instituciones cuya credibilidad yace por los suelos.

Ese es el cambio alarmante: la vieja corrupción política al menos conservaba cierto pudor; el político clásico robaba, roban siempre que pueden, pero entendía instintivamente que debía ocultarlo. Reconocía implícitamente la existencia de límites morales o legales. Hoy empieza a ocurrir algo bastante más inquietante: las élites occidentales parecen convencidas de que las reglas normales ya no se les aplican del todo.

Porque ya no se consideran simples gobernantes temporales. Se consideran encarnaciones institucionales del Bien. Y cuando uno se cree moralmente indispensable, la corrupción deja de parecer corrupción y empieza a parecer privilegio del cargo, un «porque yo lo valgo». Se ven como propietarios del sistema, no sus administradores.

Pedro Sánchez responde a las investigaciones judiciales y policiales como irritado ante la insolencia de que todavía existan jueces, guardias civiles o periodistas que no controla completamente. La UCO se ha convertido casi en enemigo oficial del sanchismo por hacer exactamente aquello para lo que existe: investigar.

Pero el fenómeno atraviesa todo Occidente. En Alemania, buena parte del establishment habla ya abiertamente de ilegalizar AfD o de neutralizar políticamente a millones de votantes incómodos. En Bruselas, las élites comunitarias reaccionan cada vez con menos disimulo cuando los ciudadanos producen resultados incorrectos. El ciudadano es el problema, la molestia, y por eso hay prisa por sustituirlo por otros que apenas entiendan el mensaje.
San Agustín dejó formulada hace siglos una pregunta incómoda: «Quitada la justicia, ¿qué son los Estados sino grandes bandas de ladrones?». La frase empieza a sonar menos metafórica de lo deseable cuando uno observa ciertas conductas de las élites europeas contemporáneas.

La corrupción, en sí misma, no escandaliza a nadie: es de siempre, va con la naturaleza humana y el poder. El peligro, lo terrorífico, es que pierdan el miedo y la culpa. Y la corrupción deje de existir porque ya sea legal.