Si hay café (amargo), que sea para todos

La España del futuro sólo será creíble si los partidos políticos dan un ejemplo inmaculado. Tras años de comprensible desencanto ciudadano debido a los constantes casos de corrupción, uno de los aspectos fundamentales para que las distintas formaciones se ganen el respeto de los españoles es mostrar una total transparencia en sus cuentas. En ese sentido, por ahora, todos los partidos deben guardar silencio. De ahí que la ‘Comisión Bárcenas’ que propone Ciudadanos no sólo deba atañer al extesorero y, por lo tanto, a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Lo ideal sería una gran comisión, con voluntad de profundidad y honestidad en sus diligencias, que se ocupara de analizar, escrutar y poner negro sobre blanco todos los números de los partidos políticos. Bien es cierto que el caso Gürtel en general, y la figura de Luis Bárcenas en particular, han supuesto un escándalo incuestionable dentro de la sociedad española. Junto a la Púnica, se estiman más de 420 millones de euros defraudados. Eso sí, es el caso más judicializado y en el que menos sentido tendría crear una comisión de investigación.

No obstante, el del PP no es, ni mucho menos, el único caso de corrupción asociado a un partido político que ha acaecido durante los últimos años. El Partido Socialista, por ejemplo, sobrepasaría los 3.200 millones en Andalucía con el caso de los ERE y el de los cursos de formación. Tampoco se escapa la autodenominada nueva política: los líderes podemitas cargan con la alargada sombra de la sospecha por su connivencia económica con el régimen teocrático de Irán y con la dictadura chavista de Venezuela. Una sospecha con claras evidencias que en el caso particular de CIU es palmaria realidad. Los padres ideológicos y económicos de los actuales secesionistas están metidos hasta el cuello en las mordidas del 3%. Un fraude que, unido siempre al apellido Pujol, se va a más de 3.000 millones de euros. En ninguno de estos particulares, el dinero fue a sanidad, educación, investigación o infraestructuras, sino a los bolsillos de personas que hicieron de la política su negocio privado. Una práctica a erradicar si España quiere ser un país creíble dentro y fuera de sus fronteras.