Opinión

Buscan el enfrentamiento civil

Barcelona vivió ayer un bochornoso episodio cuando, con motivo de la celebración de las fiestas de La Merçé, el portavoz municipal de ERC, Alfred Bosch, colocó la bandera independentista estelada en el balcón del Ayuntamiento, en el que se encontraban las principales autoridades de la ciudad.

Ante la pasividad del president Artur Mas y la alcaldesa Ada Colau, que se encontraban presentes, el concejal popular Alberto Fernández optó por colocar también la bandera española “para defender a los que se sienten españoles y catalanes”, como explicó luego, mientras una parte del público le abucheaban y coreaban gritos de «independencia».

No se trata solo de un nuevo gesto de insumisión ante las leyes, como el demostrado por la alcaldesa Ada Colau al retirar el retrato del Rey del Salón de Plenos del Ayuntamiento. El episodio vivido ayer evidencia una vez más la voluntad de los políticos independentistas de crispar, dividir a la sociedad y buscar un enfrentamiento civil, que les permita mostrarse luego como “víctimas” de un «Estado opresor» [sic, es la terminología que utilizan ellos] cuando en realidad son los victimarios de buena parte de la sociedad catalana.

Mientras el president Artur Mas asegura representar la voluntad unitaria de un pueblo, lo cierto es que su estrategia solo ha logrado crear una peligrosa fractura social entre los catalanes.

Más que llamamientos a incumplir las leyes, como los que estos días protagonizan los políticos nacionalistas, lo que necesitará el pueblo catalán tras el desafío del 27S es un gran esfuerzo para la reconciliación y convivencia –como el que vivieron los españoles durante la Transición-, por encima de las diferencias políticas.

Si hay un símbolo que hoy representa la unidad y la igualdad entre todos los ciudadanos es precisamente la bandera española, y sin duda por ello los independentistas quieren borrarlo de sus calles e instituciones. Del mismo modo que la Constitución española, la misma que quieren romper los independentistas, es la que protege las libertades y derechos de todos los españoles.

La estrategia del presidente Mariano Rajoy de evitar la confrontación, frente a la estrategia de crispación de los independentistas, ha sido plenamente acertada. Pretende evitar así que puedan presentarse como mártires quienes realmente intentan vulnerar las leyes y el orden constitucional.

Precisamente por ello, si llega el momento en el que se vea obligado a suspender la autonomía catalana –tal como prevé artículo 155 de la Constitución- para preservar el Estado de Derecho, no tenemos ninguna duda de que Rajoy asumirá la responsabilidad que le corresponde.