La burocracia convierte en una odisea expulsar a un inmigrante delincuente

El apaleamiento de un anciano en la localidad murciana de Torre Pacheco a manos de un joven marroquí ha desatado una polémica en la que el ruido parece haberse impuesto al sentido común, hasta el punto de que la izquierda, presta a pescar en río revuelto para aplacar los ecos de la corrupción que rodea al PSOE, ha terminado pidiendo la ilegalización de Vox. Que la formación de Abascal y también el PP hayan pedido la expulsión de los inmigrantes delincuentes es para la izquierda un ejercicio supino de fascismo, cuando el Código Penal, en su artículo 89, contempla específicamente la posibilidad de que a los extranjeros con penas de entre 1 y 5 años se les conmute la condena a cambio de su expulsión

¿De qué estamos hablando? ¿De qué el Código Penal también es fascista? ¿O de qué a un inmigrante que delinque se le aplique un atenuante en virtud de su extranjería? Por supuesto que la inmigración ordenada y legal es necesaria, absolutamente indispensable para mantener el equilibrio del mercado de trabajo, pero no estamos discutiendo de lo obvio, sino de que el Código Penal no puede, por definición, distinguir entre nacionales y extranjeros, como la Guardia Civil debe garantizar el orden y la ley sin reparar en el color de la piel, como de forma obscena sugiere la izquierda más extrema.

Pero de lo que no se habla, porque no interesa, es que el laberinto burocrático español impedía la deportación en menos de seis meses del marroquí con expediente de expulsión que ha quemado viva  a una menor en Las Palmas de Gran Canaria en estado crítico. El detenido llegó en patera e indocumentado a principios de junio a la isla de Lanzarote y pese a tener abierto el procedimiento de expulsión, la falta de medios y un Reglamento de Extranjería absolutamente garantista con los infractores, habría hecho prácticamente imposible la devolución a su país de origen del agresor. La burocracia juega desgraciadamente en contra de la seguridad y la libertad de todos, nacionales y también -claro que sí- inmigrantes legales.