Alguien capaz de urdir un montaje tan miserable no puede ser vicepresidente

La declaración del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente ante el juez Manuel García-Castellón en relación con el caso Dina-Iglesias deja sin escapatoria al secretario general de Podemos, sobre el que pesa la sombra, cada vez más espesa, de un nuevo delito -además de revelación de secretos y daños informáticos-: el de fraude procesal. Y es que Calvente relató al magistrado la intrahistoria de un «montaje» que tenía como fin que Pablo Iglesias se presentara como víctima de un turbia operación policial en la que de forma artera y miserable trató de involucrar a OKDIARIO y su director, Eduardo Inda.

La declaración de Calvente deja sin escapatoria al vicepresidente segundo del Gobierno y apunta directamente a los fiscales anticorrupción Stampa y Serrano, que se confabularon con la abogada podemita Marta Flor para conseguir que el juez aceptara que el líder de Podemos se personara como perjudicado en la causa. Estamos ante un delito de fraude procesal de libro, pues utilizó medios fraudulentos con el fin expreso de inducir al error al juez siendo plenamente consciente de que los hechos denunciados no eran verdad.

La gravedad de lo ocurrido es mayor si tenemos en cuenta que los fiscales se prestaron de forma activa a participar en el mezquino plan diseñado por Pablo Iglesias al objeto de acabar con un medio de comunicación como OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, contra quien Pablo Iglesias cargó durante meses imputándole una falsa actuación delictiva.

En cualquier país democrático del mundo, la trayectoria política de Iglesias habría llegado a su fin, no sólo por su posible responsabilidad penal, sino porque su comportamiento revela una forma de entender la política incompatible con los más elementales valores democráticos. Si Pablo Iglesias fue capaz de tejer una siniestra estrategia para engañar al juez, aterra lo que puede llegar a hacer ahora desde la Vicepresidencia segunda del Gobierno de España. Un personaje así es un peligro público y un riesgo evidente para la convivencia democrática.