Ahora resulta que las críticas al Gobierno durante la pandemia fueron terrorismo

En el colmo de la desvergüenza, el Gobierno se ha negado a entregar al PP las copias de los informes sobre el seguimiento que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hicieron de las redes sociales para, supuestamente, preservar a Sánchez de las críticas y desinformaciones contrarias al Gobierno durante la pandemia. Y la manera de justificar su rechazo a entregar dichos informes se ampara en una orden antiterrorista de 1996, equiparando así las informaciones contrarias al Gobierno con las acciones de una banda de asesinos. La comparación no es que sea odiosa, sino que es una atrocidad que revela hasta qué punto este Ejecutivo establece una obscena e ignominiosa equivalencia entre la libertad de expresión y la práctica de la violencia.

El Gobierno ha respondido al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO que la información que había solicitado se encuentra dentro de las materias clasificadas como «secreto» en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996, donde se clasifican expresamente como reservados los procedimientos, medios y técnicas operativas utilizadas en materia antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, por el que se clasifican como secreto la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todos estos documentos forman parte de la supuesta lucha contra la desinformación del Gobierno de Sánchez cuyo verdadero objetivo era, según reconoció en abril de 2020 el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, «minimizar todo ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». Sánchez no quiere enseñar los documentos e informes para que no se conozcan los entresijos de la tropelía que supuso obligar a la Guardia Civil a seguir el rastro de quienes alzaron su voz contra el Ejecutivo. Y, encima, a los que criticaron al Gobierno los compara con terroristas.