Los 680 millones del ‘procés’ del socialismo andaluz

Se ha cumplido un año de la huida hacia adelante del perdedor de las elecciones generales del 23J, Pedro Sánchez. Es una extraña travesía del desierto la de este profeta alado a lomos del Falcon: porque es el desierto lo que va dejando atrás allá por donde pasa.

Donde antes hubo una frondosa arquitectura institucional que garantizaba la igualdad de los españoles ante la ley, hoy sólo quedan dunas del polvo acumulado en el camino por algunas togas. Como tales dunas, los vientos del oportunismo las cambian a capricho, sometidas como parecen estar, ya no al imperio de la ley, sino a decisiones políticas.

Un nuevo paso en esta travesía es el del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido al estimar parcialmente, solo con los votos de la mayoría progresista, los recursos de amparo presentados contra la sentencia del Supremo por el caso de los ERE.

Entre ellos destacan los recursos de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación, y José Antonio Griñán, penado con seis años de cárcel. También fueron condenados diecisiete altos cargos de la Junta, por un fraude que ascendió a 679.412.179,09 euros, la mayor parte de los cuales no ha vuelto a aparecer.

No entraré en la injustificada apropiación por parte del Constitucional de funciones de casación que no le corresponden para enmendar las sentencias del Supremo. Tampoco en el incuestionable cariz político del alto tribunal, con hasta cinco miembros ligados por unas razones u otras al PSOE que ahora beneficia.

Todo sumada evidencia a la clara voluntad de auxiliar políticamente al partido que los nombró con unas resoluciones que, si bien no borran el delito como sucede con la amnistía pactada con el prófugo Puigdemont, propicia que el propio PSOE y sus corifeos se encarguen de agitar y propagar la especie de que el mayor caso de corrupción de la democracia nunca existió.

Esta campaña a favor de los condenados por los ERE recuerda de alguna manera a la de los indultos y la amnistía del procés. Hasta tal punto han estirado los socialistas el chicle de Conde-Pumpido que han exigido perdones e indemnizaciones a los implicados asegurando que todo fue un montaje del PP.

Y ello pese a que la socialista Susana Diaz elevó públicamente, como ex presidenta de la Junta de Andalucía, una petición de perdón a los andaluces por la gigantesca trama de corrupción de sus antecesores. Sin olvidar que Griñán, también beneficiado ahora por el Constitucional, reconoció abiertamente que se daban ayudas sin control, lo que calificó de «gran fraude».

Es evidente que el PSOE no iba a dejar pasar la oportunidad de extender el manto de impunidad sobre Puigdemont sin atenuar al menos parcialmente la culpabilidad de sus dignatarios condenados por los ERE. Aparte del empleo de los fondos de cintura para abajo y de tabique nasal para arriba, la trama alimentaba el clientelismo que había hecho de Andalucía el cortijo independiente del socialismo patrio. Un procés malversador cocinado a la manera del PSOE, que explica que luego no haya tenido escrúpulos morales a la hora de perdonar la malversación de terceros cuando le ha convenido para lograr una investidura.

El Constitucional ha podido dejar gravemente al descubierto algunos flancos importantes para el Estado de derecho y para el rigor y transparencia en la administración de las cuentas públicas. Uno de ellos es que los socialistas condenados por los ERE son todos iguales, pero unos son más iguales que otros, como los animales de la orwelliana Rebelión en la granja: ahí está el que fuera consejero de Economía y Hacienda y director General de Trabajo, Juan Márquez, cuyo recurso de amparo ha desestimado el Constitucional al contrario que los de Chaves, Griñán o Zarrías.

El propio Constitucional reafirma en el caso de Márquez que existieron desviaciones de caudales públicos en un sistema de concesión de subvenciones sin control alguno. Como sentenció el Supremo, un sistema corrupto, montado con el único propósito de evitar cualquier tipo de fiscalización, del que eran conocedores Chaves y Griñán.

De los cerca de 300 expedientes motivo de la sentencia de los ERE no hubo uno solo que fuera fiscalizado. Y eso fue así porque se procedió a librar las ayudas a los parados a través de una transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), mediante el famoso programa presupuestario 3.1 L, al que llamaremos el «bicho» para entendernos, sobre el que no existía ni podía existir control alguno pues, para empezar, ni era el objeto social ni la función del IFA el reparto de ayudas sociolaborales.

Los fondos de este programa 3.1 L eran autorizados año tras año en los presupuestos aprobados por el Parlamento andaluz. Se argumenta que esa aprobación parlamentaria legitimaba la ilegalidad siquiera de forma pasiva, pero se olvida que la Cámara autonómica aprobaba que dichos fondos fueran destinados a la finalidad que les correspondía, no a otra distinta que evitaba su fiscalización gracias al «bicho».

A la sospecha de que el PSOE solo busca salvar a sus soldados más prominentes para limpiar su cartel electoral en Andalucía, mientras pagan los platos rotos las segundas y terceras filas, se suma el cambio de horizonte judicial sobre los asuntos presupuestarios y contables de cualquier Administración pública. Cabe la posibilidad de que una trama criminal se incruste en el procedimiento presupuestario, para utilizarlo en su provecho, sin que los políticos sean responsables de ello, al menos los socialistas o sus aliados en ese momento.

El Constitucional admite con sus últimas resoluciones sobre el caso de los ERE que los acuerdos de gobierno que dieron luz verde a un anteproyecto o proyecto de ley de presupuestos con el «bicho» dentro, el programa 3.1 L, no son reprochables penalmente como prevaricación, pues son un acto político o de gobierno que no puede ser controlado por los órganos judiciales.

Es decir, que la Justicia debe pasar de largo ante un sistema de corrupción institucionalizada para conceder ayudas sin posibilidad de fiscalización. Tampoco son reprochables para el Alto Tribunal, por no considerarlas arbitrarias, algunas de las modificaciones presupuestarias con las que se incrementó la cuantía inicial del «bicho», aunque otras sí, lo que parece una contradicción.

El listón de impunidad que Pedro Sánchez está concediendo para sus propios conmilitones o sus aliados está cada vez más bajo. Es difícil no pensar que todo esto no son más que preparativos ante los fondos europeos, sobre cuya opacidad ya han alertado varios organismos dentro y fuera de España. Ya lo veremos.