Un juzgado sentencia que no puede prohibirse la caza en el Parque Nacional de Cabañeros
La sentencia afirma que “las restricciones no son aplicables” hasta que el Gobierno regional no dé cumplimiento a las actuaciones exigidas por la ley de Parques Nacionales
La actividad de la caza en el Parque Nacional de Cabañeros está siendo el foco de una batalla judicial entre la administración regional y unos beligerantes propietarios privados integrados en estos espacios supuestamente protegidos.
Y concretamos la suposición, ya que una nueva sentencia confirma la legalidad de las actividades cinegéticas dentro de este parque nacional que abarca territorios de Ciudad Real y Toledo, siendo un nuevo revés judicial para la Junta de Castilla – La Mancha.
Ya en junio de 2024 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo emitió dos sentencias en las que declaraba ilegal la limitación de la caza impuesta por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Parque Nacional de Cabañeros.
No es legal limitar la caza
Es decir, la conclusión de los dictámenes judiciales anteriores era que limitar la caza dentro del Parque Nacional de Cabañeros no era legal, al menos dentro de los cotos privados que están incluidos en el área de este espacio protegido.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha dictado una sentencia que confirma la legalidad de las actividades cinegéticas en el Parque Nacional de Cabañeros. El tribunal ha fallado a favor de un miembro de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC).
La nueva sentencia, notificada el pasado 8 de enero, establece que mientras la administración pública no cumpla con las medidas exigidas por la ley para adaptar el Parque Nacional de Cabañeros a las nuevas restricciones, no procede prohibir la caza en este espacio natural protegido, es decir, se podrá seguir cazando en este espacio.
Restricciones sin garantías
La sentencia subraya que la Junta de Castilla-La Mancha ha intentado imponer restricciones sin garantizar las indemnizaciones y procedimientos previstos por la normativa vigente, vulnerando así los derechos patrimoniales de los afectados.
Como ya hemos adelantado al comienzo de esta noticia, esta resolución se suma a otras tres sentencias emitidas por los Juzgados de Toledo, que mantienen una posición unánime sobre el incumplimiento por parte de la administración pública de las obligaciones establecidas en la disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales.
Entre estas medidas se encuentran: la aprobación de criterios técnicos para la promoción de acuerdos voluntarios con los propietarios afectados, la promoción de dichos acuerdos voluntarios y la expropiación de los derechos afectados, en caso de no alcanzarse un entendimiento entre las partes.
Sin fundamento legal
Con esta decisión, la Justicia reitera que la prohibición de la caza impuesta por la administración pública desde 2020 carece de fundamento legal, al no haberse cumplido los requisitos establecidos en la ley.
Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, «representa un nuevo varapalo al Gobierno regional y pone de manifiesto la necesidad de una gestión que dé cumplimiento a la ley del Parque Nacional de Cabañeros», según indican en un comunicado.
Además, este nuevo revés judicial se suma a las críticas ante el creciente deterioro del Parque Nacional de Cabañeros, un entorno protegido de excepcional valor ecológico debido a su biodiversidad.
Preocupación en Bruselas
La situación de emergencia medioambiental ha despertado incluso la preocupación de Bruselas a raíz de las denuncias de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros.
En noviembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que investigue posibles incumplimientos de las Directivas de Hábitats y Aves en el espacio protegido.
«La situación de Cabañeros, marcada por la inacción de la Administración, ha generado un grave impacto en los ecosistemas del parque», afirman desde la asociación.
Argumentan para ello que «el aumento descontrolado de las poblaciones de ungulados, que alcanza un 250% en los últimos tres años, ha afectado irreversiblemente la flora y fauna protegida, agravando los problemas de erosión y pérdida de cobertura vegetal en hábitats de alto valor ecológico».
Desde la AAPNC afirman que seguirán defendiendo los intereses de sus miembros y trabajando para garantizar una gestión sostenible y justa del Parque Nacional de Cabañeros, que respete tanto la conservación de su entorno como los derechos de las personas involucradas.
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