Escándalo en la ITV de Valencia: un Guardia Civil implicado en la trama de vehículos con defectos graves que pasaban la inspección
La Guardia Civil desmantela una red en Ondara que cobraba por dar el 'apto' a coches que eran un peligro para la seguridad vial
Entre los detenidos se encuentra un agente que colaboraba con la estación para facilitar el fraude a cambio de dinero
La UE confirma el giro en la ITV: a partir de este 2026 es obligatorio
Nueva operación contra la corrupción en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La Guardia Civil ha desmantelado una trama en la localidad de Ondara (Alicante), donde una estación de ITV permitía que vehículos con deficiencias graves circularan legalmente.
El caso ha saltado a la luz por la implicación de un propio agente de la Benemérita, que presuntamente formaba parte del engranaje para blanquear inspecciones fraudulentas.
Un peligro sobre ruedas con el visto bueno oficial
La seguridad vial en la Comunidad Valenciana se ha visto comprometida tras la operación de la Guardia Civil que ha puesto fin a años de irregularidades en la ITV de Ondara. La investigación revela un sistema corrupto donde vehículos que jamás deberían haber superado la inspección obtenían la pegatina de vigencia sin apenas problemas.
El «modus operandi» era tan sencillo como peligroso: los propietarios de vehículos con fallos mecánicos graves o modificaciones no homologadas acudían a esta estación sabiendo que, mediante el pago de mordidas o la intermediación de la red, obtendrían el resultado favorable.
El papel del Guardia Civil en la trama
Lo que más ha indignado a la opinión pública es la detención de un agente de la Guardia Civil. Según la investigación, este efectivo no solo conocía la actividad ilícita, sino que participaba activamente en la captación de «clientes» y facilitaba los trámites para que coches que eran auténticas «bombas de relojería» siguieran en la carretera.
Junto al agente, han sido arrestadas varias personas vinculadas directamente con la gestión de la estación de la localidad de Ondara. Se les acusa de delitos que van desde la falsedad documental hasta el cohecho, poniendo de manifiesto que el control de las ITVs sigue siendo un punto crítico donde la picaresca, y el delito, intentan abrirse paso a costa de la seguridad de todos.
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