Adiós a las etiquetas de la DGT: el giro que podría cambiarlo todo con los coches en España

• Janire Manzanas
• Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.
• • 14/06/2025 11:00
  • Actualizado: 14/06/2025 11:00

Desde 2016, las etiquetas medioambientales de la DGT, instauradas con el objetivo de mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades, han clasificado los vehículos según sus emisiones y año de matriculación. Dichas pegatinas (0, ECO, C y B) buscaban simplificar la identificación y regulación del impacto ambiental en zonas urbanas, facilitando tanto la movilidad sostenible como los accesos restringidos y las zonas de bajas emisiones (ZBE). Sin embargo, el paso del tiempo ha sacado a la luz numerosas incongruencias: coches relativamente nuevos pueden obtener una pegatina «B» por detalles técnicos mínimos, mientras que algunos modelos más antiguos, pero con innovaciones eficientes, reciben una clasificación más favorable.

Ahora, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha reabierto el camino hacia una revisión de las etiquetas de la DGT, buscando adaptarlo al sistema europeo y corregir estas deficiencias. Con el respaldo del ministro Marlaska, condicionan la reforma a que esté avalada por el consenso de fabricantes, asociaciones de consumidores y expertos. La propuesta plantea un paradigma renovado: valorar emisiones reales, eficiencia energética y ciclo de vida del vehículo. El objetivo es evitar penalizaciones injustas, especialmente en zonas fronterizas como el País Vasco, donde miles de conductores transitan diariamente entre sistemas normativos europeos dispares.

Las etiquetas de la DGT en debate

En 2020, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, propuso una actualización del sistema. Su intención era basar el etiquetado en parámetros técnicos reales y homologados, en lugar de un criterio meramente cronológico. Sin embargo, la iniciativa no prosperó: los fabricantes argumentaron que no se cumplían las condiciones necesarias para su correcta aplicación, esgrimiendo costes elevados y falta de preparación administrativa. La propuesta quedó aparcada, aunque dejó abierta la puerta a futuras revisiones.

Ahora, ha sido el Partido Nacionalista Vasco (PNV) quien ha devuelto al foco público la necesidad de reformar el sistema de etiquetas medioambientales. Su propuesta gira en torno a dos grandes ejes: por un lado, la armonización administrativa con el resto de Europa, donde cada país ha desarrollado su propio sistema (como el caso de Francia, que cuenta con seis niveles de etiquetado).

Esta disparidad afecta especialmente a las zonas fronterizas como el País Vasco, donde miles de ciudadanos cruzan diariamente al país vecino y pueden verse expuestos a sanciones debido a un etiquetado incompatible. Por otro lado, el PNV propone criterios de clasificación más realistas, basados en las emisiones reales, la eficiencia energética del vehículo y el análisis del ciclo completo de emisiones, en lugar de seguir limitándose a la fecha de matriculación como factor principal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su disposición a apoyar la iniciativa, siempre que exista consenso entre los distintos actores implicados: fabricantes, expertos técnicos, administraciones y organizaciones de usuarios. De consolidarse, éste nuevo modelo podría ofrecer múltiples ventajas: un sistema más técnico y preciso y una adaptación legal a las exigencias de la Unión Europea.

Retos

A pesar del respaldo político y social creciente hacia una revisión del etiquetado ambiental, su implementación no estará exenta de retos técnicos y administrativos considerables. Uno de los principales desafíos será definir con claridad los criterios de clasificación: ¿se priorizarán los datos del ciclo WLTP, las emisiones reales medidas en circulación o métricas como la eficiencia energética en kWh por kilómetro? La decisión influirá en cómo se categorizarán vehículos actuales y futuros, y requerirá una base científica sólida y consensuada.

Además, será necesario establecer mecanismos de certificación y monitoreo fiables que garanticen la veracidad de los datos y su actualización periódica. Esto implicará un coste logístico notable, desde la sustitución masiva de etiquetas hasta la creación de nuevas plataformas digitales para verificar y cruzar información técnica de millones de vehículos.

A ello se suma la necesidad de establecer plazos de implementación realistas para evitar colapsos administrativos y confusión entre los usuarios. Por su parte, los fabricantes advierten de que el sistema debe ser lo suficientemente dinámico como para adaptarse a futuras tecnologías, como los motores de hidrógeno o los combustibles sintéticos, sin requerir constantes reformas estructurales.

Mientras países como Francia, Alemania o Suecia ya han comenzado a dar pasos hacia modelos más ajustados a la realidad medioambiental de cada vehículo, España continúa utilizando un sistema de etiquetas de a DGT que muchos consideran obsoleto y poco representativo. Un cambio en el etiquetado, bien planteado y ejecutado, podría situar a España a la vanguardia europea, convirtiéndola en referente de buenas prácticas en movilidad sostenible.

Es ahora cuando el Gobierno y las comunidades autónomas tienen la posibilidad de liderar un proceso de reforma basado en el consenso, la evidencia técnica y la participación de todos los actores implicados. No se trata únicamente de cambiar etiquetas, sino de rediseñar el sistema para que cumpla con su misión original: proteger el medio ambiente sin castigar injustamente a quienes, a pesar de tener vehículos más antiguos, han apostado por la eficiencia y el mantenimiento.