Asamblea de Madrid

Vox pide a Ayuso vetar el uso del Yihab en los edificios y espacios públicos: «Es un símbolo de sumisión»

Vox pide que el Gobierno regional declare que el "velo islámico atenta contra los derechos de las mujeres"

Yihab Vox
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. (Foto: EP)
Ana Borges
  • Ana Borges
  • Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para vetar el uso del velo islámico en todos los edificios y espacios públicos. Para el partido que lidera Isabel Pérez Moñino, la creciente islamización de los barrios «se ha convertido en una grave amenaza para la pervivencia de la identidad y la cultura españolas», y denuncian que es «contrario a los derechos y libertades fundamentales».

«Las grandes víctimas de la islamización son las mujeres, ya que el fundamentalismo islámico implica su exclusión educativa y profesional, la proliferación de matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o la imposición del burka y el nicab, señalan desde Vox.

«Ejemplos normalizados de opresión que han de ser prohibidos y combatidos por todas las administraciones competentes», ha denunciado la formación de Santiago Abascal.

Lo hacen como respuesta a «las fallidas teorías multiculturales y las políticas de puertas abiertas», que para Vox, se han traducido en «un incremento exponencial de la criminalidad, la pérdida de identidad de nuestros barrios de toda la vida y la saturación de nuestros servicios públicos», y aseguran que el multiculturalismo se traduce en «multiconflictividad» en los barrios.

«Resulta llamativo que aquellos que se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa sean los mismos que permiten la llegada masiva de culturas incompatibles con los derechos de las mujeres y que las denigran por el mero hecho de serlo. Atendiendo a datos oficiales, vemos cómo esta afirmación es contrastada con la relación directamente proporcional existente entre inmigración y violencia sexual contra las mujeres», reza la iniciativa.

«Sólo en octubre de 2024, se hacía público que el 91% de las agresiones sexuales en Cataluña fueron cometidas por extranjeros, pese a que los mismos representan el 17% de la población total de la región. Los extranjeros que vienen a España tienen la obligación de integrarse, no es potestativo», añaden.

«En este sentido, deben ser expulsados todos los inmigrantes que lleguen ilegalmente a España, y los legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, así como todo inmigrante, legal o ilegal, que decida no integrarse en nuestra cultura y costumbres. No podemos permitir que solo el 8% de los inmigrantes que tienen orden de expulsión estén fuera del territorio nacional, como ocurre actualmente».

Por todo ello, desde Vox Madrid han pedido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que declare, en el marco de sus competencias, que el «velo islámico atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres» y «es incompatible con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

Asimismo, piden promover, la prohibición del velo islámico en todos los edificios y espacios públicos -abiertos y cerrados- dependientes de la Comunidad de Madrid, incluyendo escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles por «ser contrarios a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

Por último, instan al Gobierno regional a garantizar la «igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España», garantizando a su vez la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente nacionales.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid no legisla sobre esta cuestión y son los propios colegios los que deciden si permiten o no el uso del hiyab. Vox ha pedido en numerosas ocasiones que el Ejecutivo autonómico prohíba su uso en los centros educativos.

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