El Gobierno aboca a 140 menores a la mendicidad al expulsarlos del centro de inmigrantes de Alcalá

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 19/01/2024 21:00
  • Actualizado: 19/01/2024 21:59

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto ir expulsando a los inmigrantes que se alojan en el centro ubicado en el cuartel Primo de Rivera de Alcalá de Henares, entre los que se encuentran unos 140 menores, según ha denunciado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Fuentes de la organización creen que incluso el número de menores que se ocultan entre los 1.182 alojados que hay actualmente en el centro es mayor que los datos ofrecidos por la Accem, la ONG que lo gestiona. Sea como fuere, la Red alerta de que estos niños y adolescentes podrían verse condenados a la mendicidad si el Ejecutivo consuma su evacuación del cuartel, rehabilitado como Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes (CAED).

De acuerdo con los servicios jurídicos de esta ONG, la expulsión de estos usuarios del centro en el que están alojados en situación de «vulnerabilidad» contraviene el «derecho administrativo básico», porque se hace sin darles pie a «ser consultados ni oídos» antes de consumarse el desalojo. Y, además, «mezclando a menores con mayores de edad sin dar vía alguna para que los servicios sociales autonómicos o locales puedan vertebrar vías para evitar que no se vean condenados a la exclusión y la mendicidad».

En concreto, la Red ha alertado de que la próxima semana se va a expulsar a 23 inmigrantes sin referentes y sin ningún tipo de solución habitacional. Todo ello, manifiesta, sin que antes de obligarles a abandonar el cuartel se les haya ofrecido derivación alguna a los servicios sociales por parte de la entidad gestora, Accem.

Para la Red, éste es sólo un «episodio más del caos que centra el día a día de los espacios de acogida de emergencia que el Gobierno de España ha dispuesto en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid».

«Pedimos al Ministerio la prórroga automática de la estancia de los usuarios y un cambio inmediato en la dirección del centro de Alcalá de Henares, que es, con mucho, el peor de toda la Red de centros de emergencia. El descontrol en dicho centro es inasumible, como también el trato degradante a sus usuarios», ha lanzado el Secretario General de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero.

La organización ya ha advertido al propio centro que, si consuma estas expulsiones, incoará una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y solicitará la intervención de la Fiscalía y al resto de instituciones, garantes del Estado de Derecho, para que «procedan a encausar a quienes, siendo funcionarios públicos, están consintiendo y siendo cooperadores necesarios para este flagrante incumplimiento de la normativa de servicios sociales, infancia, migraciones y procedimiento administrativo, así como evitando que personas que desean solicitar, entre otros, el ejercicio de su derecho al asilo puedan hacerlo».

Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz Delgado, ha emitido un comunicado para desmentir a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, asegurando que desde el departamento trabajan «siempre» con «humanidad para garantizar la dignidad de las personas».

Así, el Ministerio desmiente el «maltrato continuado» a los inmigrantes ilegales del que le ha acusado la ONG y dice que es «rotundamente falso» que se les haya marcado la piel con números.

«El Ministerio de Inclusión garantiza los derechos humanos mediante un programa de atención humanitaria dirigido a las personas migrantes y refugiadas. Para hacerlo, cuenta con una red de dispositivos en todo el territorio nacional. En estos centros reciben una primera atención humanitaria consistente en alojamiento, manutención y una asistencia médica básica», esgrimen.

Tal y como expone la Red Española de Inmigración, prosigue el comunicado, «tampoco es cierto que exista un duro control, puesto que estos centros de emergencia son ambulatorios y disponen de un horario para asegurar unas normas básicas de convivencia y de atención adecuada a las personas que acogen».

«El Ministerio y Accem consideran muy grave la sucesión de noticias infundadas que se están vertiendo a la opinión pública y que dificultan las labores de acompañamiento y atención humanitaria, además de provocar una injustificada alarma social. La situación en el centro y sus alrededores es de calma y convivencia, y esta escalada dialéctica no es constructiva y estigmatiza a las personas que llegan en situación de vulnerabilidad», concluye el escrito.