Bolaños sólo concede a Madrid 8 de los 127 jueces que le reclama el Tribunal Superior de Justicia

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 18/09/2025 05:50
  • Actualizado: 18/09/2025 09:12

El Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños creó, según la Memoria de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 70 plazas para toda España ante las 127 que para este ejercicio solicitó el TSJM. «Nos concedieron solamente ocho, lo que llama poderosamente la atención porque la desproporción es alarmante», aseguran los magistrados.

Este año, los jueces han vuelto a solicitar que el Gobierno de Sánchez ponga a disposición de la Justicia esas plazas. «No es la primera vez que lo denunciamos, pero el Ejecutivo mantiene su tozuda negación al comprobar año tras año su atención irrisoria a este problema».

A Madrid, la cartera que dirige Bolaños le dio sólo ocho magistrados. La selección efectuada por el Ministerio de Justicia se corresponde con la siguiente distribución: tres plazas en la Audiencia Provincial, una para el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Arganda del Rey,  dos en los Juzgados de lo Penal Madrid y dos para los Juzgados de lo social.

«Ya hemos apuntado en anteriores ocasiones las dificultades añadidas que acarrea la dinámica actual. En la toma de decisión sobre la creación de unidades judiciales tiene importante peso la posición de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, pues a ellas les corresponde la dotación de los medios materiales y el coste retributivo del personal de la oficina judicial.

Por cuanto se refiere al ámbito de este Tribunal Superior de Justicia, de las unidades antes descritas, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Arganda del Rey no estará disponible hasta el 1 de septiembre del año en curso», aseguran los magistrados.

Por otro lado, los jueces del TSJM han denunciado reiteradamente «la falta de impulso suficiente que ha padecido la Justicia española». «Naturalmente, no es un caso aislado la que se imparte en la Comunidad de Madrid», añaden.

«Sigue sin resolverse la demanda que tantos años llevamos planteando sin el menor éxito: la ampliación de la plantilla de jueces y magistrados, de carrera, seleccionados a través de medios que acrediten verdaderamente su alta capacitación, y no mediante remedios de urgencia presentados como solución a un problema que no ha sido afrontado a lo largo de los años», recuerdan los profesionales del gremio.

Además, lamentan que el ministro Félix Bolaños haya alegado repetidamente carencias presupuestarias que, sin embargo, «no se han detectado a la hora de invertir en otros ámbitos del gasto público».

«Particularmente demandamos el incremento de la planta de los Jueces de Adscripción Territorial, que puedan ser asignados a los órganos donde la realidad, el día a día que conocemos a través del seguimiento estadístico, ponga de manifiesto una mayor necesidad de refuerzo», ha explicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, durante la apertura del año judicial en Madrid la Memoria Anual de esta sede judicial correspondiente al año 2024.

Contra las críticas

Por otro lado, el presidente del TSJM también ha exigido el fin de las «críticas ilegítimas» a los jueces. El magistrado defiende la ciudadanía no puede estar recibiendo mensajes que, «excediendo toda crítica legítima», atribuyen una «politización» a los jueces en el ejercicio de sus funciones.

El máximo responsable del alto tribunal madrileño afirmó el martes, durante la apertura del año judicial que estas declaraciones que cuestionan la labor de la judicatura «debilitan la confianza en las instituciones» y «deterioran de una forma inadmisible los cimientos del Estado de Derecho».

Rodríguez Padrón ha querido así sumarse a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, cuando dijo, concretamente, que son «inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de los poderes públicos».