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Ayuso recurre al Constitucional el nuevo impuesto de Patrimonio de Sánchez por «ahuyentar la inversión»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que antes de que finalice este mes de enero va a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de Patrimonio «encubierto» del Gobierno de Pedro Sánchez y va a pedir su suspensión cautelar.

Así lo ha adelantado este lunes durante su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la primera del año y que ha tenido lugar de manera extraordinaria en el Ayuntamiento de Alcobendas. La presidenta ha explicado que el llamado «Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas» no es más que un «impuesto de Patrimonio encubierto» con el que el presidente socialista va a contribuir a «ahuyentar la inversión». En este sentido, ha recordado que el último país europeo en eliminar este tributo fue Francia, porque expulsó «miles de millones de euros y redujo la recaudación varios miles de millones».

«Vamos a recurrir en los tribunales el nuevo impuesto de Patrimonio, porque ahuyenta la inversión, es injusto e inconstitucional. Pero la Justicia volverá a darnos la razón. Los madrileños y todos los que inviertan en Madrid, tengan el patrimonio que tengan, pueden estar seguros», ha subrayado la presidenta en un vídeo en sus redes sociales, donde ha resumido los motivos que han impulsado a su Ejecutivo a interponer este recurso tras anunciarlo en la citada rueda de prensa.

«Todo esto lo está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España», ha remarcado, destacando que estas inversiones vienen a todo el país y si se van de España, se van a otros lugares del mundo perjudicando a todos. «Se van de Madrid, se van de España y, por tanto, perdemos todos», ha añadido Díaz Ayuso.

En definitiva, Ayuso considera que «la Comunidad de Madrid entiende que el Gobierno de España vuelve a saltarse el ordenamiento jurídico con la aprobación de este impuesto que perjudica especialmente a los madrileños y que supone un atentado contra la gestión que las comunidades autónomas realizan en materia financiera, reconocida en la Carta Magna y en la norma que rige la financiación autonómica».