Almeida y Villacís cierran 2022 con récord de construcciones ilegales desmanteladas: 292

El Ayuntamiento de Madrid persiste en su batalla contra los asentamientos ilegales. Tras el mandato de Ahora Madrid y Manuela Carmena, en el que se hizo la vista gorda a este tipo de okupas, el gobierno municipal de PP y Cs cerró el 2022 con récord de desmantelamientos de construcciones que causaban muchos perjuicios a los vecinos de las zonas en las que estaban por inseguridad e insalubridad.

Todas las actuaciones, según subrayan fuentes municipales a OKDIARIO, se realizan siempre en coordinación con los distritos afectados, la Policía Municipal y los Servicios Sociales, que les ofrecen ayuda y distintas alternativas.

El desglose por años es el siguiente. En 2020 se demolieron 101 construcciones ilegales en distritos como Arganzuela, Tetuán, Moratalaz, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas (Cañada Real), Hortaleza, San Blas y Barajas. El año siguiente se consiguió desmantelar 251 construcciones ilegales en los distritos de Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Hortaleza y Villaverde. Ya en 2022 la cifra ha alcanzado las 292 construcciones desarticuladas. Este último año se ha actuado en Villaverde, Villa de Vallecas, Arganzuela, Tetuán, Ciudad Lineal, Fuencarral El Pardo, Carabanchel, Chamartín, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

Los casos son muy variados. Por ejemplo, entre las calles San Dalmacio y San Norberto, en Villaverde, se producían actividades vinculadas al tráfico de drogas y la prostitución. En Tetuán, por su parte, se han retirado 15 chabolas en la calle Sinesio Delgado. En Chamartín se ha actuado bajo los puentes de acceso y salida de la estación, en la plaza de José María Soler, salida hacia la carretera M-30. En Carabanchel en los jardines de Madrid Río se desmanteló otro asentamiento ilegal.

A estas operaciones se suman los edificios y solares desokupados. Grandes propiedades en Madrid, como, entre otros, Antonio Grilo, La Ingobernable o La Quimera. Esta última es objeto de negociaciones por parte del Consistorio con el dueño para destinarla a vivienda social. También llama la atención el caso del edificio de la calle Luna, 32. Ha costado más de dos años desalojar. Los técnicos del área ya han redactado el proyecto de las obras necesarias de consolidación y medidas de seguridad. El área de Desarrollo Urbano, que lidera el concejal Mariano Fuentes, de Ciudadanos, también va a recuperar tal como promete este edificio para los ciudadanos.

Ley

Precisamente en los últimos días la usurpación de propiedades y espacios de terceros se ha colocado en el centro del debate. El PSOE trabaja en una propuesta para agilizar los procesos de desalojo de esos inmuebles okupados ilegalmente, mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por Unidas Podemos. Acusan a los socialistas de estar «descentrados» y de dar la razón a la «visión catastrofista» del Partido Popular y de la ultraderecha. Los morados han anunciado que no apoyarán esta propuesta ni ninguna otra que busque «dar la razón a esas visiones».

El plan de los socialistas permite que en casos de allanamiento de morada, el juez pueda ordenar el desalojo de los ocupantes en un plazo máximo de 48 horas, siempre que los okupas no presenten un título jurídico que legitime su permanencia en el inmueble. Además, en caso de que durante el desalojo se detecte la presencia de menores o personas en situación de vulnerabilidad, se comunicará inmediatamente a las entidades competentes en materia de servicios sociales y protección de menores, para que adopten las medidas de protección necesarias.