Washington incluye en la lista de los chavistas más buscados a dos ‘conocidos’ de la Audiencia Nacional

• Manuel Cerdán @manuelcerdan
• Investigación en Okdiario. Autor de Lobo, Paesa, y Matar a Carrero: la Conspiración. Periodismo libre, con rigor y transparencia.
• • 29/03/2020 06:43
  • Actualizado: 29/03/2020 19:54

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incluido en la lista de los chavistas “más buscados”, además de a Nicolás Maduro y sus cómplices más cercanos, a dos ‘conocidos’ de la Audiencia Nacional: el general Hugo Carvajal y el viceministro Nervis Villalobos.

Sobre ellos recae  una recompensa de 10 millones de dólares –menos al capo Maduro, 15 millones– y se les acusa de proteger y enriquecerse con el cártel del narcotráfico de Los Soles. Todos ellos, menos Villalobos, que está encausado por un delito de lavado de dinero procedente de la corrupción y EEUU no ofrece una recompensa por él.

El cartel de Los Soles es una organización criminal que está integrada por oficiales corruptos de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Las investigaciones contra el dictador bolivariano comenzaron hace años, desde mucho antes de que Estados Unidos reconociera como presidente a Juan Guaidó. La acusación se ha hecho pública tras el visto bueno de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Hugo Carvajal, más conocido por el alias de El Pollo Carvajal, fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y, más tarde, jefe de la temible Dirección de Inteligencia Militar (DIM), cargo en el que se mantuvo entre 2004 y 2011. En esos años se significó como uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez y, desde los servicios secretos, en uno de los personajes claves para sostener los pilares del chavismo. En ese periodo Maduro era ministro de Asuntos Exteriores.

De la Inteligencia militar pasó a la financiera convirtiéndose en el cónsul de Venezuela en Aruba, uno enclave estratégico para los oligarcas del régimen bolivariano. Desde el paraíso fiscal holandés el Pollo Carvajal podía mover y ocultar los narcodólares y petrodólares del chavismo.

‘El Pollo’, de 59 años, fue detenido en España el 12 de abril de 2019 en respuesta a una solicitud de extradición de EE.UU, por los mismos delitos de los que ahora le acusan: narcotráfico con la ayuda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En principio la sección tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, decidió no entregarlo a EE.UU, alegando que podía existir una “motivación política”. Sin embargo, la Fiscalía recurrió y la causa se elevó al Pleno de la Sala de lo Penal que decidió, finalmente, su extradición. Sólo se emitió un voto discrepante, el del magistrado José Ricardo de Prada, el mismo que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa con su sentencia de la Gürtel.

Carvajal, tras conocer la resolución judicial que fue filtrada a la Prensa, logró huir antes de que la policía procediera a su detención. En la actualidad, el ex jefe de Inteligencia de Venezuela se encuentra en paradero desconocido pendiente de su extradición a Estados Unidos.

Petrodólares de la corrupción

El otro perseguido por la Justicia norteamericana es Nervis Villalobos que tiene pendientes causas judiciales en España. El departamento de Justicia señala al ex viceministro de Energía de Chávez, entre 2002 y 2006, como otros de los eslabones para el lavado de dinero de la corrupción chavista.

Villalobos fue detenido en España en octubre de 2017 en respuesta a una orden de busca y captura de EE.UU, acusado de sobornos a través de la empresa pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Los cargos de responsabilidad de Villalobos dentro de la estructura del régimen chavista siempre estuvieron relacionados con el petróleo. Fue viceministro de Energía, director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas y viceministro de Energía Eléctrica. Su nombre figuraba así mismo en cuentas del Banco Madrid y de la Banca Privada de Andorra (BPA), relacionadas con altos cargos del régimen bolivariano.

Nervis Villalobos está siendo investigado en España en dos causas judiciales. La juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que instruye el caso PDVSA, lo investiga por ser uno de los responsables del saqueo de la petrolera venezolana y por lavado de dinero de procedencia ilícita. El dinero circuló por cuentas bancarias de Andorra, Chipre, República Checa, Panamá y Suiza.

La causa fue abierta en 2017 por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y una querella de la propia PDVSA. El magistrado se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al detectar durante las pesquisas “una estructura de blanqueo de carácter transnacional”.

Nervis Villalobos también está imputado en la causa que investiga el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, por el pago de comisiones y sobornos de la empresa asturiana Duro Felguera a políticos de Venezuela.

Tanto Carvajal como Villalobos disponen de información de primer nivel que, no sólo afectaría a la corrupción del régimen chavista, sino también a los pagos de Chávez y Maduro a Pablo Iglesias y Podemos.

Un narco Estado dirigido por narcopolíticos

Washington acusa a Maduro de convertir a Venezuela en un narco Estado que apoya al terrorismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a fin de exportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, señala a Maduro y a su Gobierno de proteger a la organización terrorista Hezbolá que, con el apoyo de Teherán y Caracas, ha ido adquiriendo presencia en la zona de influencia bolivariana.

Los cargos judiciales, dados a conocer por el Fiscal General William Barr en una vídeo conferencia por causa del coronavirus, incluyen a Maduro y a otros 13 altos funcionarios del régimen. Las acusaciones de narcotráfico afectan directamente a Maduro; a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y número dos del Régimen con Chávez; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; el venezolano-libanés Tareck El Aissami, ministro de Asuntos Económicos; y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros cargos civiles y militares.

En la causa norteamericana subyace, además del narcoterrorismo bolivariano con las FARC y las redes de la cocaína colombianas, las conexiones del régimen de Maduro con Hezbolá, los yihadistas libaneses financiados por el régimen de los ayatollah de Irán. Basta leer el libro de Antonio Salas “El Palestino”, que se infiltró en las redes del terrorismo islámico-bolivariano, para entender las estrechas relaciones entre Venezuela y los integristas de Hezbolá y otras organizaciones fundamentalistas.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU, acusó al Gobierno de proteger a Hezbolá en territorio venezolano, que lo utiliza como plataforma para extenderse a otros países de la zona, como Colombia.

El Departamento de Justicia, que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su detención, vincula al todo poderoso del chavismo, Diosdado Cabello, con cártel de Los Soles, desde 2014. El que fuera número dos de Chávez, en la actualidad rival de Maduro, también fue sancionado por la Unión Europea en 2018.

Francisco Poleo, periodista venezolano que reside en Miami por la persecución de Maduro, escribe en El Nuevo País y Zeta: “Nervis Villalobos operó desde Madrid junto a su socio, un argentino llamado Luis Fernando Vuteff que tiene nexos con un sector de la oposición venezolana a través de su esposa, la hija del ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Villalobos lleva tiempo fuera de Venezuela y es ficha de Rafael Ramírez, el ex presidente de PDVSA que pasó de ser el zar del chavismo empresarial a uno más en las filas del chavismo disidente”.

Ramírez, que aparentemente reside en la actualidad en Italia, sería uno de los testigos claves contra Maduro y sus colaboradores delincuentes.