Velasco imputa a una asesora de Cartagena por ir a una reunión de Púnica aunque estaba ¡en Oxford!

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado a una ex trabajadora del Ayuntamiento de Cartagena por acudir y participar en una reunión de la trama Púnica, a pesar de que «se encontraba en Oxford realizando un curso».

Mª del Mar Conesa, ex trabajadora municipal del ayuntamiento de Cartagena, era de hecho procesada el pasado mes de febrero por el magistrado en la llamada pieza de Murcia de esta trama corrupta investigada.

En el auto, publicado el pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acusaba a esta asesora municipal de la ex alcaldesa popular de Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro, de presuntos delitos de «fraude, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos».

Según Velasco, Conesa habría cometido presuntamente estos delitos por «la concertación con empresas vinculadas al experto informático Alejandro de Pedro en el amaño de contratos de publicidad turística» en dicho consistorio murciano y por «colaborar con la autorización y trabajos de ejecución conducentes a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo, trabajos particulares».

La imputación de Conesa se sustentaba en la declaración de Javier Bueno, ex trabajador de Alejandro de Pedro en la compañía Madiva, que también es investigado en el caso. Bueno situó a Mª del Mar Conesa en una reunión mantenida en julio de 2014 junto a Pilar Barreiro y Paco Ferreño, del gabinete de alcaldía de Cartagena, dónde supuestamente se habrían analizado los trabajos de reputación online de la entonces alcaldesa popular.

Este diario ha tenido acceso a las alegaciones presentadas por la ex asesora municipal. La defensa de Mª del Mar Conesa destaca en su escrito que «no es posible y carece de sentido y rigor jurídico imputarla cualesquiera hechos delictivos», cuando se encontraba el día de la citada reunión en julio de 2014 «realizando un curso en Oxford».

Para acreditar esta circunstancia, Conesa presentó un certificado de asistencia a esta ciudad universitaria británica, que se encuentra en Inglaterra a más de 2.200 kilómetros de distancia de donde supuestamente tuvo lugar la reunión investigada por el magistrado. La defensa de Conesa afirma que este hecho «impide su presencia e invalida la manifestación del Sr. Bueno». «Su participación en tales hechos», añade el escrito, «constituye una hipótesis infundada e irreal».

La defensa de Conesa recrimina además al juez Velasco que la califique en su auto de funcionaria pública del ayuntamiento de Cartagena, cuando era «personal laboral eventual adscrito a la alcaldía». 

Las alegaciones concluyen destacando que «las únicas insostenibles e infundadas hipótesis existentes» para imputar a Mª del Mar Conesa «se basan en construcciones conjeturales, incompletas, inexactas y con un contenido sesgado e interpretado con una carga subjetiva ausente del necesario y pleno contraste probatorio para poder derivar la responsabilidad penal».

El mismo documento también especifica que el consistorio de Cartagena sólo contrató los servicios de publicidad de Alejandro de Pedro en los medios digitales creados por su compañía Madiva. Unos trabajos de publicidad institucional realizados y abonados como contrato menor en 4 facturas y cuyo importe no superó los 4.000 euros.

Las acusaciones contra Barreiro

La acusación contra esta ex asesora municipal del ayuntamiento de Cartagena fue interpretada como el paso previo a la imputación de la ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, en la trama Púnica por parte del juez Eloy Velasco.

Finalmente, el magistrado atribuía a Barreiro presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con De Pedro para «futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación». También acusaba a la ex alcaldesa de Cartagena de sufragar con dinero público de campañas de publicidad de turismo en la localidad trabajos particulares.

Según Velasco, al tratarse de una senadora, cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo, debía recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, “su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada”.

Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaba el archivo del denominado “caso Novo Carthago”, donde se investigaba a la propia Barreiro por presuntas irregularidades urbanísticas durante su época de regidora.

La Sala consideraba que “no existen indicios suficientes” para continuar manteniendo imputada a la ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora. El auto también destacab que la documentación obrante en las diligencias apunta a que la tramitación urbanística de ‘Novo Carthago’, al menos en lo que afecta a la actuación de Barreiro, “fue la adecuada”.