Investigación

Un testigo clave del acoso de López Madrid desmonta ante la juez el informe oficial

El empresario Javier López Madrid, investigado en la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PP, tiene otras causas pendientes con la Justicia que todavía pueden causarle muchos quebraderos de cabeza.

El consejero de OHL permanece imputado ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid por presunto acoso a su dermatóloga, la doctora Elisa Pinto, quien desde que se abrió la causa ha denunciado además que ha sufrido dos agresiones físicas de supuestos sicarios.

La dermatóloga ha denunciado desde diciembre de 2013 que recibe mensajes y llamadas telefónicas de alto contenido sexual del empresario, algunas acompañadas de imágenes íntimas, que con el tiempo dieron paso a mensajes anónimos con amenazas y coacciones.

López Madrid niega los hechos y ha acusado a la doctora por falsa denuncia ante el Juzgado número 26 de Madrid. El yerno del constructor Juan Miguel Villar Mir parecía haberse librado de este problema después de que la Policía Nacional presentara ante la juez un duro informe, en el que sostiene que la doctora Pinto simuló el acoso e incluso llegó a autolesionarse para destruir la imagen pública de López Madrid.

Pero la declaración de un testigo clave contradice ahora las conclusiones de la Policía y vuelve a poner en aprietos al empresario. Según la investigación de la Policía, las llamadas de acoso recibidas por la doctora Pinto fueron realizadas desde ocho líneas telefónicas distintas, contratadas con identidades falsas mediante tarjetas prepago.

Los agentes interrogaron al ex propietario de uno de los comercios que vendieron estas tarjetas. Siempre según el informe remitido a la juez el pasado 18 de septiembre, el comerciante, de nacionalidad hindú, identificó a la doctora Pinto como una clienta habitual de su establecimiento: acudía a su comercio cada dos meses, y se pasaba 20 minutos navegando por Internet.

La Policía decía que Pinto simuló el acoso

La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional se basó en este testimonio para sostener que la propia doctora Elisa Pinto había comprado las tarjetas prepago, que luego utilizaba para simular las llamadas amenazantes que había denunciado.

A partir de este informe, López Madrid pidió al Juzgado que archivara la causa abierta por acoso sexual. Sin embargo, el propietario de la tienda de teléfonos móviles declaró el pasado 25 de enero ante la juez y ofreció una versión muy distinta a la recogida por la Policía en su informe.

El comerciante nacido en Bangladesh jamás en su vida había visto a la doctora Pinto. La clienta habitual de la que había hablado a la Policía era «una mujer de piel oscura, dominica, alta y gruesa», que no tiene el menor parecido con la dermatóloga.

Por último, el comerciante acabó reconocimiento  que nunca ha vendido una tarjeta prepago a la clienta sobre la que habló a los agentes. Por descontado, a la doctora Pinto tampoco, pues jamás había pisado su tienda.

El hilo de OHL: de Son Espases a Génova 13

De este modo, la declaración del vendedor de teléfonos móviles ante el juez desmonta una de las piezas clave del informe policial que López Madrid esgrimía para dar carpetazo definitivo a la causa.

Como ha informado OKDIARIO, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el pasado jueves la vivienda y el despacho de Javier López Madrid, en busca de pruebas de financiación ilegal al PP. Los agentes también registraron la sede del PP madrileño, situada en la primera planta de Génova 13, y realizaron un volcado del ordenador de su ex gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga presuntos pagos que el constructor Juan Miguel Villar Mir habría realizado a los populares a través de su yerno, Javier López Madrid. Una de las pruebas en las que se apoya la investigación son las anotaciones incautadas al ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, hoy en prisión.

López Madrid comparte varias sociedades con David Marjaliza, considerado como el cerebro de la trama Púnica y amigo íntimo de Francisco Granados. El grupo Villar Mir ya había sido relacionado con la financiación ilegal del PP por el juez instructor José Castro, que investiga el amaño del concurso del hospital de Son Espases en Mallorca.