España podría perder la gestión del plan de seguridad del Sahel por el ‘caso Tito Berni’

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 28/07/2023 06:56
  • Actualizado: 28/07/2023 10:46

España podría perder la gestión de uno de los mayores y más estratégicos programas de cooperación internacional que le ha tenido encomendado durante años la Unión Europea (UE), el GAR-SI Sahel. Fuentes relacionadas con la gestión de este plan han confirmado a OKDIARIO que Bruselas duda ante las sospechas de corrupción que planean sobre contratos de adjudicación de drones tramitados a través de una fundación del Gobierno español, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas (FIIAPP).

El origen de esas dudas de Bruselas radica en el caso por el que está imputado el general Francisco Espinosa Navas, de la Guardia Civil, que fue el encargado de pilotar la adjudicación de contratos de drones que acabaron en manos de una de las empresas implicada en el llamado ‘caso Mediador’, en el que está implicado el ex diputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

El asunto de los drones ha sido objeto de una causa judicial diferenciada por la que está imputado el general Espinosa y que salpica de lleno a la FIIAPP, una fundación que depende del Gobierno en su conjunto. Es el agente institucional encargado de coordinar la cooperación internacional financiada y diseñada desde Bruselas.

«Se ha tenido que ir a Bruselas a explicar lo ocurrido, porque se han mostrado preocupados por la crisis reputacional que ha originado el caso de los drones», reconocen fuentes que conocen directamente los pasos que se han venido dando al respecto.

Ese programa estratégico de cooperación lanzado por la UE está a punto de finalizar, tras años de ejecución. Se ha centrado en formar y dotar de recursos a las fuerzas de seguridad y a los ejércitos de los países del Sahel para contener y combatir el terrorismo islamista instalado en esa zona de África. La estrategia que se ha exportado es el modelo español de los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, las unidades de élite en la lucha antiterrorista.

74 millones de euros

Fuentes de FIIAPP, por su parte, afirman que, durante todos estos años, «de fondo y como contexto a este proyecto hay una diferencia de enfoques sobre el tratamiento de la seguridad en el Sahel: uno más militar y otro más civil-policial, que es el español». Francia se cuenta entre los socios europeos que, en términos generales, en estas estrategias de lucha antiterrorista apuestan por el enfoque más militar. Hasta ahora, España ha sido quien ha llevado la voz cantante, pero la crisis reputacional provocada por el caso de los drones podría llevar a Bruselas a cambiar de posición.

Ahora que se da prácticamente por finalizada esta fase del programa de cooperación en el Sahel, que ha ascendido a un total de 74 millones de euros, Bruselas ultima el lanzamiento de una tercera fase. Esta segunda que ha liderado España ha contado también como socios a Francia, Italia y Portugal.

La tercera es la que, dadas las circunstancias, Bruselas podría optar por dar el liderazgo a otro socio europeo en vez de a España. FIIAPP prefiere no especular con qué país sería el que partiría con ventaja, pero expertos consultados por OKDIARIO destacan, sin duda, que, llegado el caso, el mejor situado para sustituir a España como líder de este proyecto de seguridad transfronteriza de la UE sería Francia, por su evidente peso político e influencia en la zona del Sahel.

FIIAPP dice que no hubo corrupción

Fuentes oficiales de esta fundación del Gobierno insisten a OKDIARIO en que, pese a que el caso sigue abierto en los juzgados y el general Espinosa continúa imputado, los tres contratos bajo sospecha han sido auditados internamente por los expertos de la FIIAPP «y se ha comprobado que en los tres casos hubo concurrencia competitiva y se adjudicó a la empresa que había presentado objetivamente la mejor oferta, por lo que no se ha detectado anomalía alguna ni incidencia de incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público».

Subrayan que así se lo han trasladado a las autoridades europeas en las conversaciones que han mantenido, en respuesta a las explicaciones que han sido solicitadas a España. Asimismo, destacan que el caso está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, «con la que estamos colaborando plenamente».