Los testaferros de González en Panamá son los mismos que usó el Canal para comprar Inassa en la era Gallardón

Los testaferros de Ignacio González en Panamá participaron en la compra «fraudulenta» de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, en el año 2001 con el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón.

Varios informes de la Fiscalía Anticorrupción, recogidos en el sumario del caso Lezo, señalan al despacho panameño Obaldía & García de Paredes por constituir la Sociedad de Aguas de América SA, una mercantil instrumental con la que se realizó la compra de Inassa por 83 millones de euros, aunque los investigadores estiman que apenas valía un 30% de dicha cantidad.

Este despacho está detrás de las «tapaderas» panameñas de González y su mano derecha en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino: Amalfi Trading y Rafaello Investment. Anticorrupción investiga a estas sociedades del país centroamericano por recibir presuntamente las mordidas millonarias obtenidas tras la compra de la filial brasileña del Canal de Isabel II, Emissao, en 2013, cuyo valor pasó de 21 millones a poco más 5 millones en un año.

La Fiscalía relata como Canal Extensia (sociedad matriz del Canal de Isabel II) adquirió Inassa comprando la Sociedad de Aguas de América, poseedora de sus acciones: «La doble venta, con la utilización de la sociedad instrumental Aguas de América, pudo generar a los denunciados en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid, de 66 millones de euros».

Respecto a la Sociedad de Aguas de América, el informe apunta que «se trataba de una mercantil panameña constituida por el bufete de abogados de Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000, siendo disuelta el 21 de febrero de 2002, circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad, al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana AGBAR (Aguas de Barcelona) y su posterior venta a la mercantil Canal Extensia».

Como cargos directivos de la mercantil Sociedad de Aguas de América figuran Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira lvette De gracia y Violeta Annet Holness, todos ellos miembros del citado despacho de abogados De Obaldía & García de Paredes, en lo que parece ser «un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero publico presuntamente desviado».

Además, en el domicilio social del despacho aparecen domiciliadas «otras sociedades panameñas relacionadas con la actividad del Canal de Isabel II en Sudamérica, siendo su cliente más reseñable la sociedad colombiana Triple A de Barranquilla».

El Ejecutivo regional de Gallardón

El origen de Canal Extensia SA se fundamenta en un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de 29 de noviembre de 2001, presidido por Alberto Ruiz Gallardón.

Dicho acuerdo fue solicitado por la Consejería de Medio Ambiente a propuesta del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo. Previamente el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, en su reunión de 14 de noviembre de 2001, había acordado presentar una oferta para adquirir el 75% del accionariado de Inassa.

«Dicha adquisición (Inassa)», destaca Anticorrupción, «se consiguió con el manejo de una empresa interpuesta, ya que Canal Extensia firmó un contrato de compra deI 100% de la Sociedad de Aguas de América, asumiendo Canal Extensia los activos de dicha mercantil que incluían el 75% de Inassa y el 51% de otra sociedad llamada Watco Dominicana SA».

La compra se hizo intencionadamente con «un quebranto manifiesto de la autorización concedida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La propia autorización resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la constitución de Canal Extensia, ya que su actividad y objeto social se limitaba a la comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 (tras adquirir INASSA) se habilitó para prestar sus servicios en cualquier territorio».

Por último la Fiscalía destaca que «la compraventa de acciones se realizó entre dos sociedades del sector público español y sin embargo se interpuso en la operación una sociedad panameña. La utilización instrumental de dicha sociedad, carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad jurídica, no obstante la operación se realizó».

«El uso instrumental de sociedades erradicadas en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra» concluye la Fiscalía.