Roures pide al Gobierno un rescate de 300 millones para salvar de la ruina a su grupo Mediapro

El millonario Jaume Roures ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un rescate de 300 millones de euros para salvar la situación crítica que atraviesa su imperio audiovisual, el grupo Imagina Mediapro. Roures es el propietario del diario Público, que actúa como uno de los principales órganos de propaganda de Podemos.

El grupo Mediapro arrastra deudas por un importe superior a los 920 millones de euros, que vencen entre 2024 y 2025. Ante la dificultad para atender estos compromisos contraídos con varios fondos buitre y entidades bancarias, Roures ha optado por solicitar un rescate de 300 millones de euros al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda.

Todo ello, a pesar de que hace tan sólo tres años, en febrero de 2018, el Grupo Mediapro recibió una inyección económica de 1.016 millones de euros del grupo chino Orient Hontai Capital, que se convirtió así en titular del 53,5% de su accionariado.

De este modo, si Pedro Sánchez cede ante las pretensiones de Roures, el Gobierno destinará un rescate de 300 millones a un grupo de capital mayoritariamente chino, aunque muy próximo a las posiciones políticas del PSOE y Podemos.

Imagina sobornó a dirigentes de la FIFA

Ya hay un precedente, pues el pasado 6 de marzo el Consejo de Ministros aprobó otro rescate de 53 millones de euros de la SEPI a la compañía aérea Plus Ultra, de los empresarios venezolanos Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles, situados en la órbita de la vicepresidenta del régimen chavista Delcy Rodríguez.

Los problemas crecen para el millonario Jaume Roures. En julio de 2018, el grupo Imagina se declaró culpable, ante la Fiscalía neoyorkina, de dos delitos de conspiración de fraude electrónico, por los que se ha visto obligado a pagar una multa de 20 millones de euros en el escándalo conocido como FIFAgate.

El grupo matriz de Mediapro también reconoció estos hechos en una nota de prensa difundida el pasado mes de noviembre, en la que señala que «Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes; que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (CONCACAF) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022 (conjuntamente, los «Derechos de los Clasificatorios») vulnerando la legislación de los Estados Unidos».

Ahora Mediapro se enfrenta a reclamaciones judiciales que suman 560 millones por incumplir los contratos que ganó en Francia e Italia para gestionar los derechos televisivos del fútbol. Como ha informado OKDIARIO, la Liga italiana reclama a Mediapro 460 millones de euros por daños y perjuicios, tras retirarle el contrato adjudicado en marzo de 2018 al no aportar las garantías económicas para el pago.

Mordidas para altos cargos de Convergència

En Francia, Mediapro se hizo con los derechos televisivos de la Liga de fútbol por 3.000 millones de euros. Pero el pasado verano perdió el contrato al dejar de hacer frente a los pagos, alegando las dificultades provocadas por la pandemia de coronavirus. El grupo de Roures creó en Francia un canal de televisión para explotar los derechos del fútbol, Telefoot, pero ha resultado un fiasco. Necesitaba tres millones de abonados para hacerlo rentable, pero apenas pudo alcanzar los 600.000. También en este caso, el contencioso ha acabado en los tribunales, en los que Mediapro puede ser condenada al pago de una indemnización multimillonaria.

Ante este panorama, ya el pasado mes de octubre la agencia de calificación Moody´s advirtió la difícil situación financiera que atraviesa Mediapro y le rebajó la calificación de su deuda a ‘Caa1’, dentro del bono basura.

Por otro lado, el administrador único y director de la productora Triacom Audiovisual participada por Mediapro, Oriol Carbó, está imputado en la Audiencia Nacional por delito fiscal y otros delitos, después de que la Agencia Tributaria constatara que desvió cerca de dos millones de euros para financiar ilegalmente a Convergència (hoy PDeCAT) y pagar mordidas a altos cargos de dicho partido.

Con este historial de prácticas corruptas, el grupo Mediapro dirigido por Jaume Roures y su socio independentista Tatxo Benet pide ahora al Gobierno de Pedro Sánchez un rescate de 300 millones del fondo que maneja la Sociedad Española de Participaciones Estatales (SEPI) destinado a salvar a las empresas estratégicas.