El responsable de los menas de Mogán llena una parcela de «prefabricados» para hacinar más menores

A Rafael Bautista González, responsable de la Fundación Realidad Social Siglo XXI, entidad gestora de los menas de Puerto Bello, en Mogán (Gran Canaria) se le acumulan los problemas. A la denuncia ante la Fiscalía de menores que ya investiga los hechos acaecidos en el centro Puerto Bello de menas en Mogán que regenta la Fundación de la que él es responsable se suma ahora la denuncia de irregularidades urbanísticas presentadas por los vecinos.

La denuncia fue presentada en junio de 2021 por los vecinos de la localidad canaria de Tafira, donde se ha instalado el nuevo centro de menas. Según los residentes en la carretera de Tafira a Marzagán, este centro actualmente está ocupado por unos 50 menores y otros tantos mayores de edad, mezclados y sin los permisos necesarios para establecer allí esa actividad, ya que la parcela es ocupada por un chalet de dos plantas en una urbanización de chalets vacacionales.

Pero para poder albergar a un mayor número de inmigrantes la Fundación inició la instalación de varios contenedores de obras, metálicos, y  las denuncias se fueron acumulando en el Área de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, que decidió abrir un expediente para sumar todas las irregularidades. Supuestamente estos contenedores se dedican a zona de duchas y comedores, pero nadie ha podido constatarlo porque sus responsables se negaron a facilitar la entrada a los inspectores municipales.

El 15 de junio de 2021 el servicio de Protección del Paisaje emitió un informe en el que se constató que: «En la parcela se están ejecutando obras de ampliación de la superficie construida, instalación de contenedores prefabricados, implantación de un cambio de uso y la colocación de un considerable número de muebles», algo que se aprecia en las fotografías aéreas obtenidas por OKDIARIO. Los vecinos aseguran también que «el centro carece de conexión a la red de alcantarillado y saneamiento y vierte directamente a un pozo negro, el cual lleva días desbordado causando graves problemas».

El informe municipal añade que «consultados los archivos del Servicio de Edificación y Actividades y del Servicio de Urbanismo se observa que no existe título habilitante que ampare la ejecución de obras e instalaciones en esta parcela».  Además «no existe autorización que haga referencia al domicilio señalado ni a la actividad de Centro de Acogida a menores».

Los inspectores municipales acudieron a la edificación junto a un agente de la policía local y aunque no les dejaron pasar comprobaron que «existe una edificación con las características urbanísticas detalladas anteriormente si bien no se nos permite el acceso por parte de la entidad denominada como Fundación Respuesta Social Siglo XXI, cuyo representante D. Rafael Bautista González alega que posee acuerdo con la propiedad para ocupar la edificación y con la administración del Gobierno de Canarias para implantar un uso relacionado con la acogida de menores». Rafael Bautista no ha respondido a la solicitud de entrevista enviada por OKDIARIO para conocer su opinión sobre estas denuncias.

El Ayuntamiento de Las Palmas concluyó que se habían colocado «varios contenedores en la parcela, posiblemente para habitáculos con permanencia de personas con el fin de cambiar el uso de vivienda a una actividad de centro de acogida o residencia de menores, sin tener los títulos habilitantes necesarios, por lo que se está incurriendo en una infracción urbanística».

Los responsables municipales decidieron «incoar contra su responsable el respectivo expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística conforme a lo establecido en los artículos (…)».

El Ayuntamiento de Las Palmas decidió tras el dictamen de sus técnicos que se restableciese la legalidad urbanística «en relación con las obras realizadas sin los títulos habilitantes en el inmueble sito en la c/Carretera a Marzagán GC-800- Km. 30 (Urbanización La Data-Vivienda número 6)». El acuerdo está refrendado por la directora general de Edificaciones y Actividades, el secretario general técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas y la Jefa de Servicio del Protección del Paisaje, Irene Pedrianes.

Aunque la denuncia sea tramitada por el Ayuntamiento de Las Palmas llama la atención que el centro de menas no acreditase al menos ante los inspectores locales disponer de la licencia de actividades que debería facilitar la Consejería de Derechos Sociales, de quien depende la acogida de los menores llegados a Canarias, dirigida por la consejera de Podemos Noemí Santana. La Fundación Social Siglo XXI tiene adjudicados actualmente y desde 2015 hasta seis contratos por un valor aproximado de 6 millones de euros para la gestión de centros en Gran Canaria y Lanzarote.

Los vecinos de la zona se han quejado también de la existencia de un total de 12 centros de este tipo en apenas 10 kilómetros cuadrados y ya han pedido que se intensifique la vigilancia policial en la zona. En concreto, se refieren a los instalados en Santa Brígida y en Los Lirios.

Según los datos de comienzos del año 2021, no actualizados todavía , la isla de Gran Canaria acoge a dos de cada tres menores extranjeros no acompañados que tutela la comunidad autónoma de Canarias,  1.697 menas sobre un total de 2.656, en total el 63 por ciento de los acogidos en aquella autonomía.