Prisiones abre expediente a tres funcionarios por filtrar datos carcelarios de Villarejo a ‘El País’
La prisión de Estremera abre un expediente infomativo a tres funcionarios por acceder a los datos personales del comisario Villarejo y filtrarlos a la prensa.
«¿Quién ha accedido a la ficha carcelaria de Villarejo?». Ninguno de los funcionarios convocados a aquella reunión extraordinaria en la cárcel de Estremera respondió a la pregunta de la dirección del centro. Ese mismo día, unas horas antes, El País había publicado con todo lujo de detalles sobre la vida en prisión del ex comisario desde su ingreso en 2017. Ahora, tres funcionarios se enfrentan a un expediente informativo que podría terminar con medidas disciplinarias.
En el expediente de Villarejo, filtrado al periódico que dirige Soledad Gallego-Díaz, se reflejaban las «112 vicisitudes» –como se denomina a cada novedad de un reo– que el ex comisario había protagonizado durante sus días de estancia carcelaria. La única manera de conocerlas era accediendo a su ficha del FIES.
A los tres funcionarios de Estremera, investigados en el centro penitenciario, les delató el registro de acceso al Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Una base de datos en la que figura todo el expediente carcelario de los presos ‘especiales’. Y el ex comisario Villarejo es uno de ellos. Está considerado un recluso «clasificado» por su interés «mediático».
Fuentes internas de la investigación cuentan a OKDIARIO que tras ser detectados, los tres trabajadores fueron interrogados. Se les cuestionó sobre el motivo por el que accedieron a la ficha del comisario.
Condena para los carceleros
Si finalmente se confirma que los carceleros filtraron información a un medio de comunicación, podrían enfrentarse a una pena por revelación de secretos de un funcionario cuya condena es de 12 a 18 meses de multa e inhabilitación de tres años para el desempeño de un cargo público.
El último precedente sobre un caso similar ha ocurrido por la filtración de información sobre la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada. Según informaba la Cadena Ser, Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación de oficio contra los supuestos funcionarios que fueron entrevistados en los medios de comunicación con la voz distorsionada.
El mismo Secretario General de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, ha remitido una orden a todos los directores de las cárceles españoles para informales del delito que conlleva la filtración de información sobre internos.
OKDIARIO se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de la Secretaria General de Instituciones Penitenciario que tras conocer esta información asegura que «ni confirma ni desmiente» la noticia porque se trata de «una información de carácter interno y confidencial».
Villarejo comunica su queja
El comisario Villarejo denunció a la Agencia Española de Protección de Datos que se había incurrido en una violación de su intimidad al filtrase datos de carácter personal y confidencial tales como: el número de preso con el que está registrado, quién le visitaba, número de cartas recibidas y el remitente… e incluso si alguna vez tuvo que ser trasladado con carácter de urgencia al hospital.
La Agencia ha respondido que «acuerda inadmitir la reclamación de José Manuel Villarejo Pérez». En un escrito firmado por la directora de la AEPD, Mar España Martí, al que ha tenido acceso OKDIARIO, este organismo responde que «en relación con la difusión de informaciones personales en medios de comunicación, es preciso tener en consideración que el artículo 20 de la Constitución Española protege, en particular, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y también el derecho de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».
Fuentes consultadas por este periódico manifiestan que el comisario no pretendía, en ningún momento, dirigir esta reclamación al medio de comunicación que publicó una información que consideraba relevante y de interés público. El ex comisario Villarejo pretendía tomar las medidas legales oportunas contra aquellos que accedieron a una información de carácter confidencial y filtraron sus datos personales incumpliendo la normativa vigente sobre la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Con respecto a los presuntos autores que pasaron datos personales del ex agente la agencia responde que «la procedencia de los datos publicados puede ser diversa”. Una respuesta un tanto incongruente puesto que el número de personas que pueden acceder a estos datos es muy limitado y queda registrado en el fichero FIES.
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