El padre de Bescansa fue condenado tras morir una de las tres mujeres que operaba a la vez

El padre de la diputada de Podemos Carolina Bescansa, Fermín Bescansa, fue condenado a indemnizar con 12 millones de pesetas a la familia de una paciente de 19 años, que murió cuando era sometida a una operación de cirugía estética en una clínica que carecía de licencia.

A este hecho se refería el periodista Eduardo Inda el sábado en La Sexta Noche cuando, tras recibir un brutal ataque personal de la diputada de Podemos, invitó a los espectadores a buscar en Google los nombres «Fermín Bescansa» y «María del Pilar Santamaría».

Como es sabido, Carolina Bescansa procede de una de las familias más adineradas de Santiago de Compostela. Su abuelo, Ricardo Bescansa, fundó los laboratorios que llevan el nombre de la familia, que reunió una gran fortuna durante el Franquismo gracias a la comercialización del laxante Bescansa.

Cirugía estética en una clínica ilegal

El padre de la diputada de Podemos, Fermín Bescansa Martínez, estudió Medicina, dirigió el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital provincial y presidió la Sociedad Gallega de Anestesia.

María del Pilar Santamaría Cabezas es el nombre de la joven de 19 años, estudiante de Bellas Artes, que falleció el 24 de septiembre de 1989 tras ser sometida a una operación de cirugía estética de nariz en la clínica de Nuestra Señora de la Esperanza de Santiago de Compostela.

A raíz de este fallecimiento, la Fiscalía solicitó penas de prisión para los dos facultativos que habían participado en la intervención quirúrgica: cuatro años y dos meses de prisión para el anestesista Fermín Bescansa Martínez (padre de la actual diputada de Podemos Carolina Bescansa, que en aquel momento tenía 18 años) y dos meses de prisión para el cirujano Jacobo Maiz.

Asimismo, el Ministerio público reclamaba a ambos facultativos indemnizaciones que suman 14 millones de pesetas para la familia de la joven fallecida. El Fiscal atribuyó al padre de Carolina Bescansa un delito de «imprudencia profesional con resultado de muerte».

En su informe presentado el 23 de enero de 1991, la Fiscalía señala que el anestesista encargado de la operación de María del Pilar Santamaría estaba atendiendo tres intervenciones quirúrgicas al mismo tiempo en distintos quirófanos.

La paciente sufrió una bajada repentina de presión arterial acompañada de falta de ventilación, cuando habían transcurrido 50 minutos desde el principio de la operación y el anestesista se encontraba en otro quirófano, según publicó el diario El País el 18 de marzo de 1991.

Los médicos presentes intentaron sin éxito reanimarla, tras lo cual decidieron –»erróneamente», según la Fiscalía– trasladarla en unas «condiciones deficientes» a la unidad de patología aguda, situada dos plantas más abajo. La joven sufrió lesiones neurológicas irreversibles y falleció al cabo de 12 días.

Siempre según el mismo informe fiscal, en la operación se aplicó «anestesia con hipotensión controlada» que exige «extremar las medidas de vigilancia», pese a lo cual el anestesiólogo abandonó el quirófano en varias ocasiones para atender a otros pacientes.

El mismo informe añade que el cirujano «conocía los medios con los que contaba y sabía que el anestesista atendía a otros quirófanos. A pesar de ello, no tuvo reparo alguno en realizar la operación asumiendo tan grave y fatal riesgo».

Finalmente, el padre de Carolina Bescansa fue condenado a indemnizar con 12 millones de pesetas a la familia de la joven fallecida, según publicó el diario El Mundo. La sentencia atribuye a Fermín Bescansa una «imprudencia simple con resultado de muerte», una calificación de los hechos más leve que la que pedía el fiscal.

Cuando se produjo este fallecimiento, la clínica de Nuestra Señora de la Esperanza carecía de la preceptiva licencia otorgada por el Ministerio de Sanidad o por la Conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia.  Había abierto sus puertas en abril de 1955 con una simple autorización otorgada por el Arzobispado de Santiago de Compostela a la Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos para gestionar «un pequeño dispensario para curas y otros cuidados prodigados a los pobres».

No fue hasta el 16 de diciembre de 1989, tres meses después de la muerte de la joven María del Pilar Santamaría, cuando la Conselleria de Sanidad de la Xunta decidió legalizar este sanatorio. «No tengo nada que decir», ha sido el único comentario de la diputada Carolina Bescansa, al ser preguntada por la redacción de OKDIARIO sobre estos hechos.

Además del diario El Mundo y El País, otros medios de comunicación como La Voz de Galicia se hicieron eco de las trágicas circunstancias en las que murió la joven María del Pilar Santamaría: