Junqueras quería apropiarse de 19.134 millones en bienes del Estado para negociar la independencia

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras tenía previsto incautar edificios y bienes del Estado en Cataluña por un valor total de 19.134 millones de euros, para forzar al Gobierno de Rajoy a aceptar un proceso de independencia negociado. Algo que demuestra que el procés ha sido ante todo un gigantesco atraco, el latrocinio del 3% a gran escala.

Durante su declaración en el juicio del Tribunal Supremo, los golpistas del 1-O encabezados por Junqueras han asegurado que la declaración de independencia aprobada por el Parlament y proclamada por Carles Puigdemont fue meramente «simbólica», «un preámbulo sin efectos jurídicos», un simple gesto para contentar a sus seguidores.

Sin embargo, la Guardia Civil ha podido acreditar que la Generalitat llevaba desde 2015, primero con Artur Mas y luego con Puigdemont, poniendo en marcha sus «estructuras de Estado» para hacer efectiva la secesión

La Guardia Civil intervino al ex secretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó, hombre de la máxima confianza de Junqueras, un pendrive que contenía un documento titulado «Coordinación, supervisión y seguimiento – Actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán».

Este informe, que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, incluía una minuciosa descripción de todas las «estructuras de Estado» que los golpistas habían empezado a diseñar y poner en marcha desde la Generalitat. Incluyendo la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con las herramientas informáticas necesarias para recaudar la totalidad de los tributos y las Aduanas para resguardar sus fronteras.

La documentación incautada a Salvadó también incluye un inventario para el «reparto de activos» entre Cataluña y España, que debía llevarse a cabo tras la «desconexión». En su informe dirigido al Juzgado, la Guardia Civil explica que Junqueras puso en marcha un equipo de diez personas, coordinado por el ex director general de Patrimonio Francesc Sutrias, para identificar y valorar todos los inmuebles, infraestructuras (como puertos y aeropuertos) y otros bienes del Estado que hay en Cataluña.

Según la Guardia Civil, tras la declaración de independencia la Generalitat tenía previsto adueñarse de todos estos bienes, que suman un valor total de 19.134 millones de euros, para forzar una negociación con el Gobierno. Se pondría en marcha entonces la «distribución de activos y pasivos»: se cuantificarían los bienes del Estado incautados por la Generalitat en su territorio, para descontar su valor de la deuda pública del Ejecutivo autonómico avalada por el Tesoro español, que asciende a más de 80.000 millones de euros.

En caso de que el Gobierno de Rajoy se negara a aceptar este canje, el recién nacido «Estado catalán» se desentendería por completo de los 80.000 millones de euros de deuda de la Generalitat, que tendría que ser asumida por el resto de los españoles. Este es el atraco, en forma de chantaje, que se ocultaba tras el proceso de independencia.

Como informó OKDIARIO el pasado 14 de octubre, el equipo de 10 expertos creado por la Vicepresidencia de la Generalitat llegó a realizar un detallado inventario de todas las «obras catalanas» que permanecen expuestas o depositadas en el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Traje, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Cerámica, el Museo Lázaro Galdeano y los “archivos y registros contemporáneos” gestionados por el Estado.

Tras la declaración de independencia, la Generalitat tenía previsto exigir la «devolución» de estas obras a Cataluña, y su valor económico se incluiría en la negociación del «reparto de activos».

Es decir, los golpistas de la Generalitat no sólo planeaban quedarse con todas las infraestructuras del Estado en Cataluña, sino que además pretendían reclamar a España cualquier obra de arte o archivo documental cuya autoría pudiera atribuirse a su región.

La Policía Judicial de la Guardia Civil señala en su informe dirigido al juez que el método de distribución de «activos y pasivos» entre España y Cataluña, que debía llevarse a cabo tras la «desconexión», ya estaba previsto en el Libro blanco que el ex presidente Artur Mas encargó al denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), del que formaban parte «expertos» como Pilar Rahola.