El juez investiga 612.000€ que gastó el Canal de Isabel II en viajes o informes para comprar Inassa
Bravo pide tasar Inassa para demostrar que su compra por 73 millones en Panamá no fue fraudulenta
La Fiscalía espera el resultado de varios informes periciales sobre Inassa para citar a Gallardón
El juez del caso Lezo investiga los 612.257,91 euros que gastó el Canal de Isabel II en informes o viajes para comprar la filial colombiana Inassa a través de la compañía panameña Sociedad de Aguas de América SAA.
El Canal de Isabel II ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un documento de 187 páginas denominado «carpeta azul», al que ha tenido acceso OKDIARIO, donde se recogen 49 facturas relacionadas con informes, desplazamientos, seguros, gestoría, notaría, asesoramiento o el Registro Mercantil sobre la adquisición de Inassa en el año 2001 por 73 millones de dólares a través del paraíso fiscal de Panamá.
La Audiencia Nacional realizó hace semanas un requerimiento al Canal de Isabel II en relación «con la cuantificación de todos los gastos que le generó la adquisición y disolución de Sociedad Aguas de América SAA» para comprar Inassa. Entre las facturas aportadas por el Canal, se encuentran los honorarios de los bufetes Bramble International, Garrigues o Durán, Acero & Osorio Abogados que efectuaron informes sobre la operación que suman 71.957,90 euros.
Las facturas por desplazamientos recogen los viajes a las ciudades colombianas de Bogotá y Barranquilla, Santo Domingo, Panamá o a Maracaibo en Venezuela de varios directivos del Canal de Isabel II en ese periodo como Juan Pablo López Heras (exsubdirector de Nuevos Negocios), Arturo Canalda (exgerente), Pedro Calvo (expresidente), Gaspar Cienfuegos (exdirector Financiero) o José Antonio Cachavera (exdirector Enocómico de y de Desarrollo) por valor de 82.307,59 euros.
Por último, la partida de facturas cuyo importe es superior alcanzando los 457.998,42 euros son los gastos de Canal Extensia, empresa del Grupo Canal de Isabel II, que suma gastos de seguros, asesoría, gestoría, notaría, publicación en el BOE o de Registro Mercantil.
Todas estas facturas por un valor total de 612.257,91 euros ya están en poder del magistrado Manuel García Castellón que investiga las irregularidades en la empresa pública del agua de la Comunidad de Madrid.
A la espera de informes periciales
Tal y como avanzó este diario, la Fiscalía Anticorrupción espera el resultado de varios informes periciales solicitados sobre la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa para decidir si cita como imputado o no al expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en la causa.
Anticorrupción solicitó hace más de un mes varios informes periciales sobre esta compra con el objetivo de esclarecer los presuntos hechos delictivos que se produjeron. El resultado de estos informes periciales para poder acreditar la posible compra “fraudulenta” de Inassa será clave, ya que se podrá identificar a los responsables, valorar los indicios delictivos y tras considerar si los posibles delitos han prescrito o no, citar en consecuencia como investigado al expresidente madrileño.
En los últimos meses ya comparecieron como investigados los hombres fuertes de Gallardón en el Canal de Isabel II y en el Ejecutivo regional que estuvieron relacionados con la operación investigada.
Entre ellos, el exconsejero de Hacienda madrileño y actual presidente de ADIF, Juan Bravo; el expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo; o el exgerente del Canal, Arturo Canalda, que presentó su dimisión como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras conocer su imputación.
Tal y como avanzaba este diario, el propio Bravo pedía al juez que realizara una tasación de Inassa para intentar acreditar que su compra por 73 millones de dólares a través de Panamá no supuso un perjuicio económico para los madrileños.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó también al Canal de Isabel II, Rothschild España SA, la Sociedad General de Aguas de Barcelona AGBAR, JP Morgan Asset Management, el despacho Garrigues y la Intervención General de Administración del Estado IGAE, varios informes relacionados con la adquisición de Inassa, la adjudicación del tren a Navalcarnero y el contrato del campo de Golf del Canal.
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