Juan Carlos I apela ante la Corte de Londres la inmunidad que le retiró un juez tras demandarle Corinna

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales acoge este lunes una audiencia para escuchar los argumentos del recurso de la defensa del Rey Juan Carlos por la demanda civil que le interpuso Corinna Sayn-Wittgenstein por un presunto delito de acoso. Inicialmente, las pretensiones del monarca, que alegó su inmunidad como jefe del Estado, fueron desestimadas.

En la última vista judicial, los letrados del Rey argumentaron su defensa en la incapacidad legal del Reino Unido para juzgar a Juan Carlos I al estar protegido por su inviolabilidad constitucional y por ser miembro de la Familia Real española. Los abogados basan sus argumentos en el Tratado de Utrecht para defender que, desde el siglo XVIII, el Reino Unido viene respetando la inmunidad de los monarcas españoles, tanto en sus actuaciones públicas como privadas.

Los letrados también pusieron como ejemplo el caso de los delitos de tortura y asesinato por los que se reclamó la extradición de Pinochet cuando fue detenido en Londres. En ese momento, los tribunales británicos reconocieron la inmunidad del mandatario chileno. Según la defensa del monarca, este hecho es comparable al margen de la naturaleza de los hechos perseguidos.

Además, la defensa del Rey acudió a un caso por delitos de tortura que afectaba a funcionarios militares, policiales y penitenciarios saudíes y al ministro del Interior del país árabe, cuya reclamación fue rechazada por la inmunidad del Estado. Según los abogados de Juan Carlos I, los ciudadanos saudíes fueron absueltos porque actuaron como funcionarios y no se podía hacer distinción entre la demanda contra el Reino saudí y la demanda individual contra los acusados.

La defensa de Juan Carlos insistió entonces ante el Tribunal Superior de Londres en la inmunidad del monarca porque, en primer lugar, el ex jefe del Estado tiene la condición de aforado, estando sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo de España desde su abdicación, como aprobaron las Cortes españolas. Esa inmunidad respalda, según la defensa, a los miembros cercanos a la Familia Real porque «existe un interés público inherente en proteger la dignidad del soberano y de la Familia Real».

Por su parte, Corinna acusa al Rey Juan Carlos de «intimidarla a ella y a sus hijos», «influir en sus ex maridos, su hija, su hijo y muchos de sus amigos, alegando que la demandante le había robado, no era de fiar y era desleal», «hacer declaraciones difamatorias a muchos de sus clientes comerciales», «suministrar a los medios de comunicación para la publicación de información falsa en el sentido de que era deshonesta, había robado dinero, había abierto cuentas falsas con el fin de recibir comisiones y era una amenaza para la seguridad nacional de España».

También de «participar en un intento de chantaje a la Familia Real» y de «interceptar y monitorizar ilegalmente sus cuentas móviles en internet y las cuentas de sus asesores».

Rechazo de la inmunidad

En diciembre del año pasado, el magistrado del Tribunal Superior de Londres rechazó la inmunidad de Juan Carlos I en sus intervenciones durante una vista. El juez londinense dijo a los letrados de Juan Carlos I que a un ex presidente de los Estados Unidos se le suele llamar públicamente «señor presidente» durante toda su vida, «pero eso no significa que sea inmune ante la ley».

El juez británico pidió a la defensa de Juan Carlos, al menos en cinco ocasiones, la presentación de un certificado del Estado español que confirme que el Rey sigue conservando, a día de hoy, su inmunidad. El representante del Tribunal Superior de Londres manifestó que la defensa del monarca le estaba exigiendo que tomara en consideración algo que ni el Estado español ni el Rey Felipe VI habían confirmado oficialmente. Según el magistrado, eso le pondría en una posición para poder «traspasar la jurisdicción de otro país» y «socavaría la manera en que se respeta la inmunidad soberana de los demás».