Un informe sobre las cuentas del Canal de Isabel II ha precipitado la detención de González

Según ha podido saber OKDIARIO, el Canal de Isabel II habría analizado hace pocas semanas un informe sobre la contabilidad y la gestión de la institución durante la presidencia de Ignacio Gonzalez.

Dicho informe habría puesto de manifiesto el «agujero» millonario en el Canal de Isabel II que se habría realizado durante la presidencia de González. Este hecho podría haber sido uno de los detonantes de la detención de González ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Eloy Velasco.

Tal y como avanzó este diario, la Fiscalía Anticorrupción asumía hace pocos meses la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la compra de una filial del Canal de Isabel II por 21 millones de euros en Brasil. Concretamente, se investigaba la adquisición de la sociedad Emissao Engenharia e Construçoes, a través de otra firma offshore radicada en Uruguay, Soluciones Andinas de Aguas SRL.

La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, entregaba a la Fiscalía Provincial a mediados de 2016 un dossier sobre la gestión de González al frente de la empresa pública encargada de gestionar el agua en la región. Después de varios meses, Anticorrupción decidía ponerse al frente de la investigación del caso al ser el órgano competente.

La compra de la empresa brasileña la efectuó en noviembre de 2013 Edmundo Rodríguez Sobrino, que ocupaba entonces el puesto de Presidente de Inassa, Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, filial del Canal de Isabel II en Colombia.

La compra de esta compañía con 1.400 empleados se efectuó a través de la firma uruguaya offshore Soluciones Andinas de Aguas SRL, con domicilio social en Montevideo. Las dos sociedades propietarias previamente de la compañía de Uruguay citada aparecen a su vez también en ‘Los papeles de Panamá’.

Anticorrupción investigaba si se habría cometido un presunto delito de «malversación de caudales públicos en la compra» de Emissao engenharia e construçoes, bajo el mandato de Ignacio González como presidente madrileño.

Las mismas fuentes consultadas destacan que la mayor parte de los 21 millones que se pagaron por la firma brasileña fueron abonados en «operaciones bancarias en Suiza», un extremo que también era investigado por el Ministerio público.