Investigan a un registrador «íntimo» de González por «perdonar» impuestos regionales a constructores

El Equipo de Investigación de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil investiga al registrador de la Propiedad de Nalvalcarnero, Enrique Mariscal Gragera, «amigo íntimo» del ex presidente madrileño, Ignacio González, por presuntos delitos relacionados con la corrupción urbanística.

Según ha podido saber OKDIARIO, las pesquisas se iniciaron en 2015 y están a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Navalcarnero, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.

La investigación se centra en averiguar si Mariscal Gragera pudo «beneficiar» a amigos empresarios y constructores, con los que habría «mantenido negocios», al liquidar impuestos derivados de diversas operaciones urbanísticas. Éste habría maniobrado para «condonar» deudas impositivas a los promotores en numerosos expedientes. Más de 13 sociedades están en el punto de mira.

Algunos registradores tienen la potestad de liquidar los impuestos cedidos por la Comunidad de Madrid como el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o sucesiones y donaciones. El pago de dichos impuestos puede alcanzar cifras millonarias cuando se trata de constructoras.

También se investiga la vinculación de Mariscal Gragera con el ex presidente de la Comunidad de Madrid. Al parecer, «su amistad íntima», confesada por el propio registrador en numerosas ocasiones delante de testigos, habría sido decisiva para que fuera designado coordinador de las oficinas liquidadoras de tributos de la región durante la presidencia de González.

Cabe destacar que el registro tiene la facultad de archivar expedientes y así eludir pagos pendientes, con el único riesgo de una inspección del servicio de Valoración de la Comunidad de Madrid. Es decir, este organismo tiene capacidad para hacer “la vista gorda” durante el llamado trámite de alegaciones de liquidación de un impuesto. Estas posibles irregularidades solamente podrían ser descubiertas si se realiza una inspección ad hoc.

Algunos de los promotores inmobiliarios habrían llegado a afirmar en el propio registro que «con los favores» que hicieron a Mariscal Gragera, «y el dinero que le han hecho ganar, no les debería cobrar nada».

En este contexto, los agentes intentan acreditar presuntos delitos de prevaricación, fraude o estafa. Además, investigan si el registrador habría formado parte de Juntas de Compensación o se habría beneficiado de negocios propios a través del mismo registro de Navalcarnero que dirige.

Las operaciones urbanísticas analizadas las habría llevado a cabo a través de sus sociedades Naomh Patraig S.L y Sia y Trueba S.L. de las que es administrador único y apoderado, respectivamente. Alguna de las sociedades relacionadas con Mariscal Gragera, ya habría sido denunciada por otro tipo de irregularidades urbanísticas.

Por último, se analiza si el registrador pudo “incluir gastos particulares y de sus negocios en los gastos del registro» y si «contrató como empleados a personal que tiene en otros negocios o falsificó facturas».

En la actualidad, la investigación sigue bajo secreto de sumario y está pendiente de la recepción de tres informes de Hacienda, la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid y del Colegio de Registradores de la Propiedad. También se analiza si el registrador junto a otros dos empleados pudo obtener «locales y terrenos en otros municipios madrileños como Villamanta, Casarrubios del Monte o Serranillos del Valle».

Fuentes del caso aseguran que el año pasado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Navalcarnero, encargado del caso, iba a ejecutar «diversas entradas y registros», pero se paralizaron tras el cambio de juez.

«Ley de incompatibilidades»

Muchas de las operaciones investigadas al registrador de la Propiedad de Navalcarnero, Enrique Mariscal Gragera, no estarían permitidas según la ‘Ley de Incompatibilidades de Funcionarios del Estado’.

En el artículo 12 punto 1.b se explica de esta forma la supuesta incompatibilidad: «La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado».