El Gobierno trasladó a Bolivia su «preocupación» por la citación a Iglesias por los pagos a Podemos

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha trasladado al Gobierno de Bolivia la «mucha preocupación» que hay por la citación judicial que la Fiscalía hizo al vicepresidente Pablo Iglesias por los pagos de Evo Morales a Podemos. Esta comunicación se llevó a cabo a comienzos del pasado mes de septiembre, cuando arrancaron las primeras investigaciones judiciales sobre la adjudicación de 1,6 millones de dólares a la consultora chavista Neurona, vinculada a Podemos.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el pasado 4 de septiembre la ministra González Laya llamó a un alto cargo del Gobierno de Bolivia y le dijo: «Estamos muy preocupados por la citación judicial de Pablo Iglesias. ¿Finalmente vais a ejecutar una comisión rogatoria para que acuda a declarar?». Por su parte, el Ejecutivo boliviano le respondió: «Nosotros no tenemos competencias para opinar sobre este tema». Y seguidamente, pidió a la ministra no volver a llamar al país para cuestiones que no fueran «estrictamente diplomáticas».

Pablo Iglesias fue citado por la Fiscalía de Bolivia el pasado mes de diciembre junto a otras cuatro personas: el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, y el ex juez Baltasar Garzón.

El pasado 8 de enero, el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, remitió al gobierno de Pedro Sánchez una carta en la que citaba a estas cinco personas. Esta petición se produjo a raíz del incidente en el que seis agentes españoles intentaron asaltar la residencia de la Embajada de México en La Paz. Allí se encuentran varios ex ministros de Evo Morales. La tesis del Ministerio del Interior de Bolivia, como contó el ministro Murillo a OKDIARIO en enero, fue «rescatar a los financiadores de Podemos para evitar que tiraran de la manta y contaran todo el dinero que el anterior Ejecutivo de Bolivia pagó a Podemos».

Ahora, tras la arrasadora victoria de Luis Arce, candidato del MAS, el partido de Evo Morales, tanto esta petición de la Fiscalía como la investigación judicial del caso Neurona serán definitivamente archivadas, a no ser que el actual Gobierno, al que aún le queda un mes en el poder, agilice los trámites y ejecute una comisión rogatoria.

El nerviosismo de Zapatero

Hace 10 meses, cuando la petición de la Fiscalía de Bolivia llegó a España, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue preguntado en una entrevista de televisión por estos hechos. «La Fiscalía dice que los policías españoles querían sacar de la Embajada de México a altos cargos del gobierno de Evo Morales, ¿qué opina de su citación judicial?», le preguntó una periodista.

«Esto es un delirio surrealista. Yo no tuve ningún conocimiento de lo que pasó en esa embajada para nada. Me enteré por la prensa como otros muchos», respondía Zapatero, sin aclarar en un primer lugar si acudiría al país andino para responder a la petición del Ministerio Público. «¿Va a dar respuesta a la petición de la Fiscalía?», insistía la periodista.

«¿Pero cómo voy a dar respuesta?», respondió en tono jocoso. «No. Sólo faltaría. Encima de hacer una presunta indagación sin tener el más mínimo firmamento, sólo faltaría. En ese Gobierno de facto que hay en Bolivia… Yo les vi haciendo un acto en el que rezaban con ritos evangélicos. Esto, eso… es extrema derecha que defiende que la tierra es plana».

Zapatero desconocía que Bolivia y España firmaron en 1998 un tratado vinculante sobre asistencia judicial en materia penal. En el artículo 1 de ese tratado se destaca la asistencia a cualquier causa judicial. Y en el artículo 2, se hace referencia expresa a la transferencia de personas, es decir, a la ejecución de comisiones rogatorias, con arreglo al Tratado de Extradición que ambos países rubricaron en 1990, firmado por el antecesor de Zapatero: Felipe González.