El Gobierno reconoce que adjudicó la obra de la Embajada a dedo debido a los ataques violentos de chavistas

En medio de un ambiente de tensión entre los Gobiernos de Mariano Rajoy y Nicolás Maduro, dos individuos que circulaban en motocicleta arrojaron tres cócteles molotov contra la Embajada de España en Caracas en agosto de 2017. Sólo dos de estos artefactos caseros llegaron a hacer explosión en los jardines de la sede diplomática y el fuego pudo ser sofocado por el personal de seguridad.

La Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una investigación sobre este incidente pero, por supuesto, nunca llegó a ninguna conclusión. Jesús Silva Fernández tan sólo llevaba cuatro meses como embajador de España en Caracas y encargó un informe a los mandos de la Policía Nacional destacados en Caracas un informe sobre la seguridad de la representación diplomática española, que se veía constantemente amenazada por los ataques de elementos chavistas.

En su informe, la Policía concluía que en este ambiente de creciente violencia no podía garantizar la seguridad de todos los servicios diplomáticos de España en el país, debido a que se encuentran dispersados por distintos puntos de Caracas.

Este dictamen provocó que el Ministerio de Asuntos Exteriores iniciara la búsqueda de un nuevo inmueble para centralizar los servicios diplomáticos en Venezuela, que culminó en diciembre de 2018, ya bajo la presidencia de Pedro Sánchez, con la compra de la antigua sede del Banco Nacional de Crédito (BNC) en la zona de Altamira por seis millones de euros.

La Embajada, asediada por Maduro

Ya cerrada la operación, en abril de 2019 el líder opositor Leopoldo López logró liberarse de su arresto domiciliario y se refugió junto a su familia en la residencia del embajador Jesús Silva. El constante asedio al que se veía sometida por la Policía de Nicolás Maduro obligó a la delegación diplomática española a reforzar sus medidas de seguridad y adquirir equipos de comunicación encriptados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sostiene que tramitó en secreto la compra de la nueva sede de la Embajada por 6 millones de euros y adjudicó a dedo las obras de reforma por tres millones precisamente por el clima de violencia que vivía el país y por los ataques de elementos chavistas contra la representación diplomática española.

Un informe firmado el pasado 11 de noviembre por el subsecretario general de Asuntos Patrimoniales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Eduardo Aragoneses Domínguez, señala que su departamento recurrió para ello al procedimiento de emergencia debido a «la crisis política, la situación de inseguridad del país, la dispersión de nuestras sedes y la presencia en la Residencia [del embajador], en calidad de huéspedes, de personalidades locales».

Esta última mención se refiere al líder opositor Leopoldo López, cuya decisión de refugiarse en la delegación diplomática española provocó «la presencia permanente, en el exterior del recinto de la Residencia de fuerzas armadas gubernamentales venezolanas».

Tras una estancia de 18 meses, Leopoldo López pudo abandonar la Embajada el pasado mes de octubre para viajar a España. Apenas una semana después, la ministra  Arancha González Laya destituyó a Jesús Silva (quien había dirigido buena parte del proceso para comprar la nueva sede diplomática) como embajador de España en Venezuela.

El informe firmado por Eduardo Aragoneses explica que las obras de acondicionamiento de la nueva Embajada se tramitaron por la vía de urgencia «no sólo debido a la situación de creciente inseguridad que vive el país, sino también, y como consecuencia de esta situación, por el hecho de que la Embajada y demás sedes de la representación de España se puedan convertir en un objetivo potencial de actos violentos por parte de elementos incontrolados que actuasen motivados por razones políticas, en el clima actual de creciente tensión en la relaciones bilaterales».

«La dispersión de las sedes de las distintas oficinas y consejerías que dispone la Administración española en Caracas», añade el informe, «dificulta enormemente, en estos momentos, el trabajo del equipo de seguridad de la Embajada, hace más vulnerable su actividad cotidiana y supondría una considerable dificultad en caso de que fuera necesario adoptar medida de reagrupamiento del personal ante eventuales situaciones de agravamiento de la crisis». El nuevo edificio de la Embajada dará servicio a cerca de 165.000 españoles que residen actualmente en Venezuela.