La gerente de Tragsa destituida por el enchufe de Jésica es del PP y denuncia ser «cabeza de turco»
"Nos han destrozando la vida, está de baja y ha tenido un accidente de tráfico", dicen en su entorno
La dirección de Tragsa ha despedido a Caridad Martín, gerente del área de Desarrollo Rural, por el escándalo del enchufe de la ex novia de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, que estuvo contratada medio año cobrando sin trabajar. OKDIARIO ha podido hablar con personas de su entorno más próximo que denuncian públicamente que se trata de una «cabeza de turco por ser del PP». Fue concejal de Bargas, un pueblo toledano de 11.000 habitantes.
Fuentes cercanas a Caridad Martín Palacios denuncian a OKDIARIO que el ministerio de Luis Planas la está utilizando como «chivo expiatorio» en el escándalo relacionado de la ex novia de Ábalos. A pesar de haber sido ahora expedientada, Caridad Martín «nunca conoció a Jésica», quien «no trabajaba en las oficinas de Tragsa, sino en las de Adif», lo que plantea serias dudas sobre la versión oficial del caso.
La empresa pública ha optado por cargar la responsabilidad en una directiva de «tercer nivel» para desviar la atención de los verdaderos responsables, según revelan estas fuentes. «Si te coges el organigrama de todos los posibles implicados, casualmente ella es la única con carné del Partido Popular», afirman, subrayando que se trata de una decisión con tintes políticos para proteger a cargos superiores vinculados al PSOE.
Lo que hace esta situación particularmente cruel es la forma en que se ha gestionado el proceso. La gerente destituida se enteró de su purga cuando su hijo de 14 años le informó tras ver la noticia. «Lo colgaron en una carpetita enana en un sitio en Tragsa», explican las fuentes. Este método ha provocado un impacto devastador en su familia, que incluye otro hijo de 11 años.
Baja por ansiedad
La ingeniera, quien lleva más de 20 años trabajando en la empresa «de forma intachable», no sólo ha sido degradada a un puesto «tremendamente precario» con «menores retribuciones», sino que también ha sido suspendida de empleo. Actualmente se encuentra de baja por ansiedad, recibiendo ayuda psicológica. Según su entorno, ha sufrido recientemente un accidente de coche debido al estrés provocado por esta situación.
«A pesar de su estado, la empresa continúa enviándole requerimientos y presionándola en una situación de vulnerabilidad tremenda», denuncian las fuentes, que califican esta actitud como «falta de tacto» y «falta de misericordia».
El caso de Martín Palacios contrasta con la ausencia de medidas contra otros directivos de mayor rango. Por encima de ella en el organigrama se encuentran Juan Pablo González Montes, director que comparecerá próximamente en el Senado, y Francisco Macedo, subdirector y jefe directo de Caridad Martín. Ambos continúan en sus puestos mientras que la depuración de responsabilidades se ha centrado exclusivamente en ella.
«Todos los del organigrama hacia arriba son hombres», subrayan las fuentes, añadiendo que «se llenan la boca con la igualdad» mientras «apuntan siempre a la más débil».
Según el relato de su entorno, Caridad Martín «no tiene inconveniente en declarar en el Tribunal Supremo, en el Senado y donde haga falta», ya que «sabe la verdad y lo puede acreditar todo». Su perfil, lejos de los privilegios que suelen asociarse a ciertos cargos públicos, es el de una profesional que ha ascendido por méritos propios: «Es una niña de pueblo, su padre era un obrero del metal y su madre ama de casa. Se sacó una ingeniería con matrículas de honor porque, si no, no le daban la beca. Empezó a trabajar en Tragsatec desde lo más bajo y fue subiendo hasta donde ha podido llegar».
Las fuentes consultadas insisten en que el foco de la investigación debería ponerse en Adif, donde realmente trabajaba Jésica, y no en Tragsatec. «Jésica no trabajaba en las oficinas de Tragsa, trabajaba en las oficinas de Adif. El trabajo lo solicitaba Adif y lo acreditaba Adif», afirman, sugiriendo que hay conexiones de alto nivel que no se están investigando.
Apoyo de sus compañeros
Este caso, que han comparado con el caso Dreyfus por su componente de discriminación –»Dreyfus era judío y Caridad es mujer y del PP»–, ha generado muestras de solidaridad entre los compañeros de Caridad Martín, quienes según las fuentes consultadas «no entienden nada» de lo que está sucediendo.
Mientras tanto, la familia de Martín Palacios, residente en un pequeño pueblo de Toledo desde donde se desplaza diariamente a Madrid «porque sale más barato», vive con miedo y bajo una presión extrema, temiendo las consecuencias profesionales y personales de un escándalo en el que, aseguran, son víctimas colaterales de intereses mucho más poderosos que buscan protegerse a costa de una funcionaria de nivel intermedio.
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