La empresa pública donde Ábalos enchufó a Jésica presumía de «tolerancia cero con la corrupción»

La primera empresa pública donde Jésica Rodríguez, entonces novia del ex ministro José Luis Ábalos, fue enchufada como auxiliar administrativo en marzo de 2019, presumió en su memoria de aquel año de actuar conforme al principio de «política de tolerancia cero con la corrupción». Así consta en dicha memoria de la multinacional estatal Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte SA), dependiente del ministerio de Fomento de Ábalos en aquella etapa, y ahora de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente.

Según su testimonio del jueves ante el Tribunal Supremo, Jésica fue colocada en esta empresa para trabajar junto al hermano de Koldo García, Joseba García, después de mandar su currículum al ex ministro Ábalos. Su contrato laboral de carácter temporal en Ineco se prolongó del 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. Como auxiliar administrativo, estaba encuadrada en el «servicio de asistencia técnica para apoyo técnico a la gestión administrativa de Adif Alta Velocidad».

Ábalos era todavía secretario de Organización del PSOE y había sido ponente de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno unos meses antes, en junio de 2018, haciendo bandera de la lucha contra la corrupción. Koldo García era el asistente de Ábalos e hizo de chófer de Sánchez cuando estaba en la oposición.

En concreto, la memoria de Ineco -de 84 páginas- correspondiente a 2019, año en que fue enchufada Jésica, incluyó un apartado titulado «Integridad, Transparencia y buenas prácticas». En la página 30 del documento, dentro de las normas que regían el «comportamiento ético de la empresa» con los grupos de interés, la compañía sacaba pecho de su «política de responsabilidad corporativa, código de conducta, política de tolerancia cero con la corrupción, política de transparencia y veracidad en la información, y política de regalos».

En el marco de su política de tolerancia cero con la corrupción, Ineco llamaba a perseguir las conductas asociadas al delito de tráfico de influencias, como «influir en un funcionario público o autoridad valiéndose de la relación personal que se tenga con el mismo, a fin de obtener una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero».

Además, la memoria de 2019 sostiene que «desde la implantación del Programa de Compliance, ha sido convocado el 100% de la plantilla al programa formativo Plan de prevención de imputaciones delictivas, de carácter obligatorio para todos los miembros de la compañía, incluyendo trabajadores, directivos y miembros de su Consejo de Administración, así como el personal temporal», como era el caso de la ex novia de Ábalos. Ineco tuvo 3.526 personas en plantilla en 2019, según dicha memoria.

Al término de la comparecencia de Jésica el pasado jueves, el juez del Supremo dictó un auto donde determinó respecto a Ábalos que «persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales» que «podrían colmar, cuando menos» los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

En su declaración como testigo ante el instructor del Alto Tribunal Leopoldo Puente, Jésica dijo que ella «imagina» que su contratación en Ineco fue «por encargo» del ex ministro Ábalos, y que la llamaron para «ir a hacer una entrevista» a la empresa donde ejercería como su superior el hermano de Koldo, Joseba. Sin embargo, admitió que éste «nunca la llamó para trabajar» y que durante dos años «no hizo nada» mientras cobraba «unos 1.060» euros mensuales.

Asimismo, y con relación a esto último, el código de conducta de Ineco también señalaba que «los empleados deberán trabajar de forma eficiente durante la jornada laboral, rentabilizando el tiempo y todos los recursos que la empresa pone a su disposición, tratando de aportar el máximo valor en todos los procesos en los que participan, y cumpliendo los procedimientos establecidos para cada actividad», remarcaba.

La memoria de Ineco recoge que la presidenta de esta entidad estatal en 2019 era Carmen Librero Pintado, que estuvo en este puesto entre septiembre de 2018 y enero de 2022. Librero formó parte de la delegación española, junto al empresario Víctor de Aldama, entre otros, que acompañó a Ábalos en su viaje oficial a México en febrero de 2019. Tras salir de Ineco, fue nombrada Comisionada especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana en el Gobierno de Sánchez.

Por su parte, el director de Recursos Humanos de Ineco era Jorge de San José, en el cargo entre febrero de 2014 y junio 2022. De San José fue fichado después por RTVE en junio de 2023 como director de Recursos Humanos y Organización de este ente público. Sin embargo, el pasado enero, fue despedido después de la polémica por la filtración del examen en las oposiciones del pasado octubre.

Cuando a Jésica -estudiante de Odontología- se le acabó el contrato en febrero de 2021 en Ineco, pasó a ser enchufada en otra empresa pública por mediación de la trama Koldo, en este caso, en Tragsatec, filial tecnológica del grupo Tragsa, controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Aquí pasó otros seis meses cobrando sin ir a trabajar, que se sumaron a los dos años en Ineco.

«Dinero público»

Entretanto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, denunció este viernes que  mientras «Ábalos gastó el dinero público para conseguir el afecto de Jésica, Pedro Sánchez gasta el dinero público para conseguir el afecto de los independentistas».

«Ni una forma ni otra merecemos los españoles», señaló Bendodo, subrayando que el «modus operandi» de los socialistas, tanto en Madrid como en Andalucía, es siempre «el mismo». «Que te paguen un sueldo público por no ir a trabajar», apostilló.

«Pasó con los ERE en Andalucía, pasó con el hermano de Pedro Sánchez, pasa con la amante del ex ministro Ábalos, pasa con la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa… Es un modus operandi», incidió el vicesecretario del Partido Popular.