Gallardón está imputado en Lezo: La Fiscalía solicitará que declare por prevaricación y malversación

Alberto Ruiz Gallardón está oficialmente imputado en la ‘Operación Lezo’. La Fiscalía Anticorrupción pedirá que sea citado como investigado por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, en el año 2001.

Fuentes de la investigación aseguran a OKDIARIO que la declaración del expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde de la capital y exministro de Justicia «sólo es cuestión de tiempo» y que se concretará tras «recibir las comisiones rogatorias internacionales solicitadas». Dichos auxilios judiciales cursados a los países relacionados con la adquisición de la empresa investigada podrían ser contestados «próximamente» y servirían para terminar de perfilar los indicios delictivos que pesan sobre Gallardón.

En principio, no comparecería ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, «en la tanda de declaraciones fijada para septiembre y octubre», aunque no se descarta para «finales de año». Cerca de medio centenar de investigados prestarán declaración en estas próximas semanas después de que el anterior instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, fijara estas fechas antes de abandonar el Juzgado.

La adquisición de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, se acordó en un Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por un total de 73 millones de dólares, aproximadamente 83 millones de euros al cambio, con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares. Los investigadores consideran que el valor de la empresa apenas alcanzaba el 30% de lo que se pagó por ella y por tanto, el sobreprecio se habría desviado presuntamente en comisiones.

Las mismas fuentes apuntan que «a finales de año o posiblemente a partir de enero» el caso entrará en una nueva fase. En estos momentos, los investigadores analizan miles de documentos intervenidos durante las entradas y registros, y «habrá nuevas imputaciones».

El expresidente de la Comunidad de Madrid es investigado desde hace muchos meses. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó en noviembre del paso año su imputación para evitar la prescripción de los posibles delitos. Junto a Gallardón también podrían ser citados como investigados otros miembros del Gobierno madrileño de entonces como el que fuera presidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, o el gerente de la empresa pública del agua en ese mismo periodo, Arturo Canalda.

Además, serán imputadas otras personas relacionadas con el caso que «no fueron mencionadas en el auto inicial del juez Velasco, en el que aparecían más de 60 investigados».

Las grabaciones que le señalan

La Fiscalía Anticorrupción que efectúa la investigación con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, afirma que el soporte documental empleado para aprobar la compra de Inassa “fue cuando menos insuficiente” y todo apunta a que la “operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o ‘por su gente’”.

Dichas acusaciones se basan principalmente en una conversación intervenida en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro, Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot.

“Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”, afirmaba González en dicha conversación.

«Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos (opciones): o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar…”, aseguraba en otro momento el expresidente madrileño encarcelado desde abril.

El Ministerio Público considera que esto demuestra “la connivencia que tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición” y apunta a que esos acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o políticos”.

La petición de imputación que hizo la Fiscalía en noviembre de 2016 no fue atendida en ese momento porque el entonces juez de refuerzo de Eloy Velasco, Alejandro Abascal, consideró que la investigación debía llevarse aparte al no guardar relación con la trama montada por González cuando, años más tarde, llegó al Canal.

La Fiscalía recurrió esta decisión de Abascal y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón a los fiscales en enero de 2017 y ordenó que la compra de Inassa se llevara en el caso Lezo y por tanto, que Gallardón fuera investigado en este proceso.

Tres meses después estallaba la operación Lezo con la detención de Ignacio González y otros, la investigación a Inassa enfrentó al entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, con los fiscales del caso, ya que Moix se negó a que se realizara un registro en Inassa alegando que se debía llevar en un asunto aparte.