Los Franco preparan el pleito con Sánchez declarando ante notario su negativa a la exhumación
Los siete nietos del dictador Francisco Franco han acudido esta semana al despacho de un notario de Madrid para dejar constancia de que se oponen a que el cadáver de su abuelo sea exhumado de la basílica del Valle de los Caídos para trasladarlo a un cementerio.
Este documento será el punto de partida del largo pleito que los hermanos Martínez-Bordiu Franco tienen intención de entablar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, para evitar el traslado de los restos del dictador.
En una conversación con periodistas, el presidente reveló el pasado miércoles que su prioridad es dar cumplimiento este mismo mes de julio a la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2017 a propuesta del PSOE.
En ella, se instaba al Gobierno a «resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».
No habrá autorización de la familia
Y en particular, la misma moción urgía al Ejecutivo a «dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación —en su caso— en un sitio no preeminente del edificio».
El Gobierno de Pedro Sánchez busca ahora la fórmula jurídica para ejecutar este verano el traslado de los restos de Franco, un gesto cargado de simbolismo con el que quiere inaugurar su mandato. Debe salvar para ello dos obstáculos.
El artículo 26.4 del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid (aprobado mediante el Decreto 124/1997, de 9 de octubre) establece que «la autorización de las exhumaciones se solicitará por algún familiar o allegado del difunto, acompañando la partida de defunción literal de los cadáveres cuya exhumación se pretenda».
De ello se desprende que el traslado de los restos sólo puede realizarse a petición, o con la conformidad, de los herederos. El Gobierno de Pedro Sánchez busca la fórmula para sortear este obstáculo y hacer prevalecer una norma de rango superior para sacar los restos de Franco del valle de los Caídos, apelando a la Ley de Memoria Histórica aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez Garzón no lo logró
Por este motivo, los siete nietos de Franco, encabezados por Francis Franco, han acudido al notario para dejar constancia de que, como legítimos herederos, se oponen expresamente a la exhumación del cadáver. Es el primer paso de la batalla que se disponen a dar en los tribunales, agotando todas las vías legales para frenar el proyecto del Ejecutivo.
Existe un precedente. Ya en febrero de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimó una demanda presentada por el ex juez Baltasar Garzón en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera fuera del Valle de los Caídos.
Garzón solicitaba además la anulación de los decretos de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “en cuanto contradicen la letra y el espíritu de la Constitución y la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. El Supremo desestimó todas estas pretensiones.
En segundo lugar, aunque la basílica del Valle de los Caídos está bajo la jurisdicción de Patrimonio Nacional, el traslado de los restos sólo podría hacerse con la autorización de la Archidiócesis de Madrid, según los acuerdos suscritos entre el Gobierno español y la Santa Sede.
De momento José Antonio no se mueve
Según ha publicado el diario La Razón, la familia Franco ya se ha dirigido al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, para pedirle que informe al Vaticano de su firme oposición a que los restos del dictador sean desenterrados. Con todo, no parece que la Archidiócesis de Madrid vaya a poner ninguna traba para que se ejecute el proyecto del Gobierno.
La moción del PSOE aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo del año pasado también instaba a «reubicar» dentro de la basílica los restos de José Antonio Primo de Rivera, que hoy se encuentran junto al altar mayor. De momento, el Gobierno de Sánchez no considera prioritaria esta actuación: su prioridad es desenterrar el cadáver de Franco y entregarlo a la familia para que le dé sepultura en un cementerio o cripta familiar.
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