La Fiscalía pide la declaración urgente de la hija de Rodríguez Sobrino tras requisarle 262.000€

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración urgente de la hija de Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González en en Latinoamérica y ex presidente de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa.

Según ha podido saber OKDIARIO, el Ministerio Público ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía de Colombia decomisara 262.000 euros a Patricia Ana Rodríguez en un apartamento de la ciudad colombiana de Barranquilla. Esta abogada es considerada por los investigadores como la «testaferro» de su padre y estaba citada a declarar en calidad de investigada el próximo 22 de septiembre. 

Dicha citación fue decretada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado mes de mayo antes de abandonar el Juzgado de Instrucción nº 6. La investigación de la causa la retomará esta semana el nuevo titular del Juzgado, Manuel García-Castellón.

Patricia Ana Rodríguez está imputada en la pieza nº 1 de la ‘Operación Lezo’, donde se investigan las presuntas irregularidades cometidas por González y el propio Rodríguez Sobrino en la gestión del Canal de Isabel II durante su expansión por Latinoamérica.

El hallazgo de los 262.000 euros en el apartamento se efectuó hace dos semanas en el marco de una operación de registro de la sede de la filial colombiana de la empresa pública del agua, Inassa. Concretamente, el dinero estaba oculto en un zulo de la habitación principal de un lujoso apartamento en el 1803, del edificio Alto Prado, ubicado al norte de Barranquilla.

En la operación desarrollada en esta ciudad colombiana, se encontró diversa «documentación muy relevante» sobre el caso y participaron agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, y las autoridades de Colombia.

Las fuentes consultadas por este diario afirman que «es imprescindible» que la hija de Rodríguez Sobrino declare cuanto antes y «dé explicaciones sobre el origen de los 262.000 euros» decomisados en el apartamento de Barranquilla que figura a su nombre. Unas explicaciones que Patricia Ana Rodríguez no dio a los agentes en Colombia, tras ser localizado el dinero.

Estas mismas fuentes no descartan que la Fiscalía Anticorrupción pudiera pedir medidas cautelares para la hija de Rodríguez Sobrino, que podrían incluso contemplar una posible petición de ingreso en prisión provisional.

Rodríguez Sobrino en prisión desde abril

Precisamente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmaba recientemente la prisión incondicional para Edmundo Rodríguez Sobrino al persistir «los riesgos de fuga, de obstrucción de la investigación y ocultación de pruebas, así como de reiteración delictiva».

En el auto, los magistrados rechazaban así el recurso presentado por la defensa de Rodríguez Sobrino en el que pedía la libertad sin fianza o, de forma alternativa, «una medida menos gravosa como la prestación de una fianza o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado», solicitud a la que ya se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

La Sala avala la «adecuada, cabal y ponderada» aplicación de los principios de la prisión provisional acordada por el juez Eloy Velasco, en evitación del «claro» riesgo de fuga que supondría la puesta en libertad provisional, con o sin fianza, u otras medidas cautelares menos gravosas que la actual, siendo de destacar igualmente los riesgos de alteración de fuentes de prueba y de reiteración delictiva.

Los jueces también aprecian en el momento presente de la investigación «graves indicios de la posible participación en conductas que pudieran constituir múltiples delitos», entre ello, los de pertenencia a organización criminal, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

Por último añaden que en el caso de Rodríguez Sobrino «permanece incólume el interés de asegurar la plena disponibilidad del apelante, evitar cualquier intromisión ilegítima en la investigación que se realiza y seguir perpetrando actividades supuestamente con visos de criminalidad. Ello a pesar del indudable arraigo personal y familiar que posee, pero que no es suficiente para eliminar los relevantes riesgos de sustracción a la acción de los Tribunales, de ocultación o alteración de fuentes de prueba y de reiteración delictiva».