La familia de un general venezolano retirado acusa a la dictadura de Maduro de tenerlo secuestrado
Ovidio Poggioli regresaba de ponerse la vacuna de EEUU cuando fue arrestado
El general retirado tiene 70 años y sufre graves problemas de salud
Los familiares del general venezolano Ovidio Poggioli, de 70 años, han denunciado públicamente la arbitraria detención e injusto ingreso en prisión del militar retirado, por parte de la dictadura de Maduro. Poggioli fue detenido cuando regresaba de Estados Unidos tras someterse a una revisión médica como parte de un seguimiento del cáncer de próstata que padecía y del que fue operado hace un año, y de vacunarse contra la Covid por ser paciente de riesgo.
El general, quien fue la máxima autoridad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fue detenido el 27 de abril en el estado de Táchira, cuando entraba en Venezuela, donde reside habitualmente. Su hija, Maria Daniela Poggioli, denunció la «arbitraria detención» y manifestó en redes sociales que su padre «ya cumplió condena» por unos hechos sucedidos hace 17 años y que «no tiene prohibición de salida del país ni tiene causa pendiente con la Justicia».
Al parecer, Poggioli habría aprovechado su visita a Estados Unidos para vacunarse contra la Covid, ya que «además es paciente oncológico y también cuenta con deficiencias cardíacas”, añadió María Daniela Poggioli en el mismo vídeo publicado en las redes sociales.
#10May | María Daniela Poggioli, hija del general retirado Ovidio Poggioli, denunció la desaparición forzosa de su padre, quien fue detenido el #27Abr en Ureña (Táchira) por funcionarios de la GNB. Responsabilizó al régimen por lo que pueda pasarle y por su integridad física. pic.twitter.com/wnxDAStupb
— El Diario (@eldiario) May 10, 2021
La familia ha pedido a la dictadura bolivariana de Maduro una fe de vida del general retirado, que tiene 70 años de edad. Además, recuerda que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó la investigación de su caso y su posterior juicio y condena y concluyó en diciembre de 2020 que el Estado venezolano había «violentado los derechos a la integridad personal, a la libertad, las garantías judiciales, su protección a la honra, la dignidad y a la protección judicial del general Poggioli».
El miércoles 5 de mayo Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), confirmó la detención del general retirado Poggioli, que viajaba en compañía del también ex general Zedán Abudey.
Los abogados de Poggioli creen que el pasado 27 de abril el general «fue ilegalmente presentado por el Fiscal Militar Trigésimo Quinto del Táchira, junto con el señor Jorge Zedán Abudey y el señor Ángel Ignacio Hernández, ante la capitana Sonia Ortiz Zambrano, juez Militar Undécimo de Control con sede en la ciudad de San Cristobal, Estado Táchira».
Y una vez allí, la Fiscalía solicitó su detención inmediata por supuestamente estar incurriendo en la «comisión de los delitos militares de traición a la patria e instigación a la rebelión».
Se acordó como centro de reclusión la cárcel de Cenapromil, ubicada en la ciudad de Los Teques, en el estado de Miranda. Los abogados de Poggioli han pedido cambiar la medida cautelar de internamiento en prisión por arresto domiciliario. La petición es tan urgente como pertinente, ya que se desconoce exactamente el estado de salud de Poggioli y se teme por su vida.
Condenado
En 2005, con Hugo Chávez en el poder, el Tribunal militar Primero de Caracas condenó a más de dos años de cárcel al general de brigada Ovidio Poggioli junto otros dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional por la presunta comisión del delito de rebelión militar.
Ahora no se le ha comunicado a nadie todavía las causas de su arbitraria detención y la familia teme que «el régimen, como ha venido haciendo a lo largo de sus 21 años en el poder, fabricará un expediente en contra del General Poggioli, imputándole las barbaridades que se le ocurran en forma espontánea, a unas mentes distorsionadas por tanto acoso y hostigamiento vil en contra de una persona». Sus abogados preparan ya nuevos recursos para exigir su inmediata puesta en libertad o, al menos, el inmediato traslado a su domicilio.
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